Santiago, quince de Julio de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos quinto y décimo a décimo tercero que se eliminan. De igual forma en el considerando noveno se elimina el último acápite del punto 1.- y los cuatro últimos acápites del punto 2.-

Y teniendo además y, en su lugar, presente:

PRIMERO: Que, el artículo 19 N°7, letra f) de la Constitución Política de la República, establece que “En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio”.

Como se observa entonces se consagra en nuestra Constitución la garantía de no autoincriminación, siendo la esencia del mismo la prohibición de forzar una declaración contra sí mismo en un procedimiento judicial que amenaza la libertad de una persona que ha sido “acusada” o “inculpada” de un delito.

Este derecho se encuentra reafirmado en el artículo 8, apartado 2, letra g), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el artículo 14 apartado 3, letra g), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratados ambos vigentes en Chile.

SEGUNDO: Que, se agrega a lo anterior el hecho de que el artículo 93, letra g) del Código Procesal Penal reconoce que el “imputado” tiene “derecho a guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento”. Pues bien respecto de un imputado, en conformidad al artículo 7 del citado Código: “las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República, este Código y otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer por la persona a quien se le atribuye participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra hasta la completa ejecución de la sentencia. Para este efecto, se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquier diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante tribunal con competencia en lo criminal, el ministerio público o la policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible”.

TERCERO: Que, así entonces, corresponde determinar si la garantía a guardar silencio en caso de consentir en declarar, no prestarla bajo juramento, puede ser invocada en sede administrativa tributaria, en aquellos casos en que esta se relaciona con hechos sobre los que es requerido como inculpado en materia penal.

Pues bien en lo que dice con la obligación contenida en el artículo 34 del Código Tributario, no cabe sino coincidir con los fundamentos del reclamo, puesto que es del todo evidente que en el caso sub lite, la declaración bajo juramento ante el Servicio de Impuestos Internos, podría ser usada en su contra en sede penal, lo que a juicio de estos sentenciadores es suficiente para desestimar el incumplimiento de la referida obligación, dado que colisiona con su derecho a guardar silencio y con su derecho a no declarar bajo juramente en caso de consentir en hacerlo.

CUARTO: Que, en cuanto a la obligación contenida en el artículo 60 inciso penúltimo del Código Tributario, estos sentenciadores también concuerdan con la pretensión del reclamante en cuanto a que no puede estimarse en su caso que ha infringido dicha obligación Javier Said Handai, al concurrir a la citación del Servicio de Impuestos Internos en su calidad de representante legal de la sociedad Inversiones Newport Limitada y sostener que se remitía a lo declarado ante el Ministerio Público con fecha 26 de junio de 2015, - cuya copia se agregó a fojas 75- no hizo sino uso de su garantía de no prestar bajo juramento una nueva declaración que pudiere eventualmente servir de antecedentes para incriminarlo en la causa penal incoada en virtud de los hechos para el cual ha sido requerido.

QUINTO: Que así las cosas, cabe concluir que la reclamante no ha incumplido las obligaciones establecidas en los artículos 34 y/o 60 inciso penúltimo del Código Tributario, razón por la que no cabe sino desestimar la existencia de la infracción contenida en el artículo 97 N°15 del mismo Código.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 148 y 165 del Código Tributario y 233 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

Que se revoca la sentencia apelada de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, escrita de fojas 58 a 66 vuelta y en su lugar se resuelve:

Que se acoge al reclamo deducido en lo principal de fojas 27 y en consecuencia se deja sin efecto la infracción Folio N° 1240884 de 13 de octubre de 2015 en contra de Javier Ignacio Said Handal por infracción al artículo 97 N° 15 del Código Tributario, sin costas por estimarse plausible la oposición al reclamo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase en su oportunidad

Redacción del Ministro Sr. Hernán Crisosto Greisse

Rol 141-2016.-

Pronunciada por la Undécima Sala, conformada por el Ministro señor Hernán Crisosto Greisse, por la Ministra señora Mireya Eugenia López Miranda y por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz. Autorizada por el Ministro de Fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, quince de julio de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.