C.A. de Santiago

Santiago, diecinueve de junio de dos mil veinticuatro.

Visto.

Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones:

a.- Se eliminan los motivos décimo y décimo segundo;

b.- En el fundamento décimo primero, se suprime su acápite I;

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que, en estos autos, Pedro Enrique Santander Peralta, en representación de Inversiones Telefónica Móviles Holding S.A., dedujo reclamo en contra de la Resolución Exenta Nro. 58 de 6 mayo de 2016 emitida por la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, que modificó el resultado tributario declarado por la sociedad de $ 5.585.872.069.- a $ 5.283.345.798.-, e hizo lugar en parte al reconocimiento referido al pago provisional por utilidades absorbidas presentado por el reclamante disminuyendo la suma de $ 1.117.095.961.- determinando un nuevo monto de $ 1.056.669.160.- y no hizo lugar a la solicitud de devolución ascendente a $ 1.117.095.961.- correspondiente al AT 2015, en conformidad a la aplicación del impuesto único del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta.

Por sentencia de treinta y uno de marzo del año dos mil veintitrés, el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, no dio lugar al reclamo presentado, confirmando en todas sus partes la Resolución Exenta Nro. 58 de 6 de mayo de 2016.

En contra de la decisión adoptada por el Tribunal a quo, ha deducido recurso de apelación el mismo letrado, solicitando la revocación de la sentencia, y que se de lugar íntegramente a la devolución del impuesto a la renta del año tributario 2015, que se anule la determinación del impuesto único del inciso primero del artículo 21 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta y que se acepta la pérdida declarada por su representada para el AT 2015, con costas.

Segundo: Que, previo a adentrarnos a la revisión de la cuestión de fondo, es preciso remarcar una vez más que, conforme al artículo 1° numeral 8° de la Ley Nro. 20.322, los Tribunales Tributarios y Aduaneros son competentes para “[c]onocer y declarar, a petición de parte, la nulidad de los actos administrativos que sean materia de una reclamación tributaria o aduanera. Para estos efectos, el vicio deberá hacerse presente o alegarse en la reclamación respectiva”.

De allí entonces, resulta imperioso indicar que aquella limitación que ha indicado el Tribunal en su acápite décimo primero literal d), al tratar la petición de nulidad de la resolución solicitada, resulta incorrecta, pues la misma Ley Nro. 20.322 entrega la competencia a los Tribunales Tributarios y Aduaneros para resolverlo, apareciendo que las alegaciones que efectúa la reclamante apuntan precisamente al objeto de la competencia del Tribunal, tal y como se advirtió en el ingreso cuya vista de la causa precedió a éste.

Tercero: Que, sin perjuicio de lo precisado en el apartado anterior, esta Corte comparte el razonamiento del juzgador en el sentido de que el actuar del Servicio de Impuestos Internos no ha sido ilegal ni alejado de las potestades que la Ley le entrega, por lo que, en lo formal, el acto administrativo consistente en la Resolución Exenta Nro. 58 de 6 de mayo de 2016 guarda en general los requisitos de legalidad.

En todo caso situación diferente es si lo razonado por el Servicio es lo correcto, a base de la aplicación de las normas tributarias.

Cuarto: Que, en torno a la imputación alegada por el actor –en cuanto al ejercicio de aquella facultad por parte del Servicio– igualmente esta Corte comparte lo razonado por la juez a quo, toda vez que el inciso segundo del Nro. 3 del artículo 31 de la Ley de Renta regula en su parte final que a la devolución de los Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas se les aplican "[…] las normas de reajustabilidad, imputación o devolución que señalan los artículos 93 a 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta".

Luego, la cita efectuada por la juez a quo al artículo 93 de la Ley de la Renta es correcta, y va en directa armonía con lo prescrito en el artículo 31 precedentemente citado, fluyendo así que el Servicio de Impuestos Internos actúa en cumplimiento de la normativa vigente, como se explica en el motivo décimo primero, apartado III, por lo que, en lo formal, la liquidación y el obrar del Servicio de Impuestos se ajusta a la legalidad, no existiendo un exceso de facultades ejercidas por aquel.

Quinto: Que, entonces, lo que toca dilucidar – y allí es donde se radica la discusión –es lo relacionado al punto de prueba número 2-, esto es, “[e]fectividad de haberse acreditado que los ítems que componen la pérdida declarada para el Año Tributario 2015, respecto a la Referencia N° 1 objetada, cumplían con los requisitos generales y especiales, en su caso, para su deducción de la Renta Líquida de la reclamante como, asimismo, los presupuestos de hecho que tornaban procedente la devolución solicitada en lo no acogido en sede administrativa. Antecedentes, hechos y circunstancias que lo acrediten y que permitirían desvirtuar la Resolución reclamada en relación a las Referencias N° 1 y N° 4.”

Sexto: Que, el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta –en su texto vigente al año tributario 2015– es claro que para que proceda que un gasto pueda ser calificado de necesario para producir la renta y, por consiguiente, susceptible de ser rebajado en la determinación de la Renta Líquida Imponible de Primera Categoría, debe reunir los siguientes requisitos copulativos: a) que se trate de gastos necesarios para producir la renta; b) que los gastos no se encuentren ya rebajados en el cálculo de la renta bruta a que se refiere el artículo 30 de la Ley de la Renta; c) que el contribuyente haya incurrido efectivamente en el gasto, debiendo encontrarse pagados o adeudados a la fecha del balance; d) que los gastos se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio; e) los gastos pagados o adeudados por una empresa deben corresponder al período en que efectivamente ellos se producen, los que deben tener además una directa relación con los beneficios obtenidos.

Séptimo: Que, además, el mismo artículo 31 de la citada Ley de la Renta, hace una enumeración no taxativa de algunos gastos que, junto con cumplir los requisitos generales, según sea la naturaleza de los mismos, deben cumplir los requisitos específicos que en cada caso se exijan para que proceda su deducción. Así, por ejemplo, ocurre con los intereses pagados o adeudados por el contribuyente con ocasión de créditos tomados para financiar adquisiciones de activo fijo o circulante o gastos generales relacionados con el giro de la empresa.

En el caso de las pérdidas tributarias, se ha dicho que “[…] corresponden al resultado negativo de la determinación de la base imponible del Impuesto de Primera Categoría, cuyo valor se arrastra al ejercicio siguiente siendo reconocido como un gasto, con el objeto de reflejar en el punto de inicio de observación del año siguiente, el patrimonio negativo del contribuyente. En tanto constituye un resultado contable que constata un nivel patrimonial, no puede cederse ni enajenarse, ya que su único destino y objetivo es determinar el correcto nivel patrimonial del contribuyente que la obtuvo en el ejercicio inmediatamente siguiente". (Marcelo Matus. Curso de derecho tributario chileno. Parte general y especial. Ed. Thomson Reuters, 2022. p. 334).

La pérdida tributaria, en tanto se reconoce como gasto, debe cumplir con los requisitos genéricos y copulativos del artículo 31, cobrando especial interés aquel que exige la acreditación fehaciente del gasto a juicio del servicio.

Octavo: Que, sobre el asunto, y conforme a la prueba rendida en esta instancia, y tal como se resolvió en el Ingreso Corte Nro. 193-2023, cobra especial relevancia el Oficio Ordinario Nro. 2288 de 15 de octubre de 2020, mediante el cual el Director del Servicio de Impuestos Internos –a propósito de una presentación efectuada al Servicio por el mismo abogado que representa a la reclamante en estos autos– emitió un pronunciamiento por el tratamiento tributario de los gastos por intereses y reajustes pagados o adeudados en obligaciones de una sociedad anónima.

Noveno: Que, en el aludido Oficio Ordinario, se analizó la situación sub lite, y se concluyó –a base del análisis de la normativa tributaria vigente a la época de la operación– que los gastos por intereses y reajustes pagados o adeudados por la sociedad anónima indicada en la presentación, respecto del crédito novado junto con el aumento de capital, son deducibles como gastos necesarios para producir la renta de dicha empresa, en tanto cumplen los requisitos generales establecidos en el inciso primero del artículo 31 de la Ley de la Renta y los requisitos particulares dispuestos en el Nro. 1 de la normal legal indicada vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 y que los reajustes por diferencias de tipo de cambio del mismo crédito, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 Nro. 10 en concordancia con la letra c) del Nro. 1 del artículo 32, ambos de la LIR, deben ajustarse en la determinación de la renta imponible según la variación del tipo de cambio del Euro, moneda en que está pactada la obligación.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, la Resolución Exenta Nro. 48/2021, de 12 de octubre de 2021 del Departamento de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, procedió en su oportunidad de oficio a corregir liquidaciones de la empresa reclamante, en donde se analizó la misma situación para la declaración del AT 2017, proveniente de las mismas operaciones, oportunidad en la que el Servicio requirió antecedentes para acreditar todas las circunstancias que envuelven las partidas objetadas, corrigiéndolas de oficio, aplicando el criterio contenido en el Oficio Ordinario indicado en el motivo precedente.

Undécimo: Que, en consecuencia, y existiendo un pronunciamiento por parte del Servicio de Impuestos Internos por medio de su Director, donde se analizó la misma situación de marras, corresponde aplicar el mismo criterio, puesto que ya existe una interpretación y opinión del Servicio, sumado a un análisis a propósito del AT 2017 que debe ser considerado, ya que se trató de los mismos supuestos de hecho.

Duodécimo: Que, a propósito del Ingreso Nro. 193-2023 de la vista en post, esta Corte acogió parcialmente la reclamación deducida por la reclamante, en el sentido de que el Servicio de Impuestos Internos, empleando el criterio contenido en el Oficio Ordinario Nro. 2288 de 15 de octubre de 2020, deberá corregir la Liquidación Nro. 23 de 6 de mayo de 2016, por lo que la Resolución Exenta Nro. 58 de 6 de mayo de 2016, deberá ser dejada sin efecto, y dictarse la que en derecho corresponda, en mérito de lo ordenado en el Ingreso Corte ya indicado.

Décimo tercero: Que, como se dijo, la decisión está basada en el hecho que el contribuyente en ningún caso ha de quedar exonerado a acreditar de manera fehaciente la pérdida tributaria que corresponda para determinar la base del Impuesto de Primera Categoría.

En efecto, la fiscalización que el Servicio desarrolla es para aceptar la deducción de la pérdida como un gasto, debiendo el contribuyente conservar la documentación que así lo acredite.

En mérito de lo razonado, disposiciones legales revisadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 140 y siguientes del Código Tributario se decide que:

Se revoca la sentencia apelada de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana de Santiago que rechazó íntegramente el reclamo deducido en autos, y en su lugar se acoge la reclamación deducida por Pedro Enrique Santander Peralta, en representación de Inversiones Telefónica Móviles Holding S.A., solo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta Nro. 58 de 6 de mayo de 2016, y en cambio se ordena al Servicio de Impuestos Internos dictar el acto administrativo correspondiente, teniendo en consideración lo resuelto en la presente causa y por esta Corte en el Ingreso Nro. 193-2023.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.

Redacción del ministro Miguel Eduardo Vázquez Plaza.

Rol Corte Nro. 194-2023 (Tributario)

No firma la abogada integrante señora María Fernanda Vásquez Palma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.