Inaplicabilidad y control de constitucionalidad de norma tributaria

Ck elo Werder ard (136)

Santiago, veinticuatro de enero de dos mil ocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Corte Suprema, en uso de la facultad que le otorga el articulo 93 de la Constitucién Politica, ha sometido al control de constitucionalidad de esta Magistratura la aplicacién del articulo 116 del Cédigo Tributario en la causa Rol N° 2.396-2007, caratulada “LUIS FERNANDO RAMIREZ MORADA con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS”, para que, haciendo uso de la referida norma, resuelva por la mayoria de sus miembros en ejercicio, acerca de la inaplicabilidad de dicho precepto legal en términos de si, en dicha gestion, resulta contraria a la Constitucién; habiendo evacuado el traslado conferido en autos el representante del contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos;

SEGUNDO. Que para emitir pronunciamiento acerca del presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, resulta necesario referirse previamente a los alcances que ha provocado en el ejercicio de la jurisdiccién, la incorporacion a la Carta Fundamental del control de constitucionalidad sobre ley vigente, por las vias de inaplicabilidad e inconstitucionalidad, ambos de competencia de esta Magistratura, toda vez que el articulo 116 del Cédigo Tributario, fue declarado primero inapplicable en sucesivas sentencias y, finalmente, inconstitucional por resolucién de 26 de marzo de 2007, recaida en el proceso Rol N° 681, quedando consecuentemente, y a partir de entonces, derogado;

TERCERO. Que la inaplicabilidad es una accién constitucional, gue impulsada y una vez declarada admisible, confiere al Tribunal Constitucional la potestad de declarar que un precepto legal en un caso concreto en litis, es contrario a la Constitucién y que, en consecuencia, no podra ser aplicado por el juez que conoce del asunto en el proceso donde surgié la cuesti6n

de constitucionalidad. Asi lo consagra el articulo 93 N° Auto Wienke ay (137)

6 de la Carta Fundamental, que dispone que es atribucion del Tribunal Constitucional resolver la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicacion en cualquier gestion que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitucién.

La ampliacién de la jurisdiccién dispuesta por el articulo 93 N° 7 de la Carta Fundamental, radica en el Tribunal Constitucional una nueva facultad en el sistema nacional, que le permite declarar inconstitucional, esta vez in abstracto y con efectos ex nunc y erga omnes, un precepto legal previamente declarado inaplicable, potestad que puede ser ejercida de oficio o impulsada por el ejercicio de la accidén publica.

Dicha competencia surge de la invocada disposicion, que establece que es atribucién del Tribunal Constitucional “Resolver por la mayoria de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable” y en el inciso 12 del mismo articulo, que expresa gue “una vez resuelta en sentencia previa la declaracién de inaplicabilidad de un precepto legal, conforme al numero 6° de este articulo, habrad accion publica para requerir al Tribunal la declaracién de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de éste para declararla de officio”;

CUARTO. Que, en el contexto antes precisado, resulta necesario para la acertada resolucién de este requerimiento, enumerar algunas de las diferencias mas relevantes que surgen de la regulacioén por la Carta Fundamental de la inaplicabilidad y de la inconstitucionalidad, partiendo por. sefialar que tla declaracién previa de inaplicabilidad constituye un presupuesto procesal para que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse posteriormente sobre la inconstitucionalidad del mismo precepto;

QUINTO. Que la Constitucién consagra la inaplicabilidad

como un medio un control concreto, es decir, que opera en

cits Taint, 0? (10)

el marco de la aplicacioén de la norma controlada y de los efectos que podria genérar su aplicacién en el ambito de un caso pendiente. En cambio, la inconstitucionalidad la establece como un control abstracto, en el que esta Magistratura contrasta la norma constitucional con el precepto legal, con prescindencia de los efectos que su aplicacién pudiere generar en cualquier caso sometido a proceso. |

Este marco conceptual nos permite concluir que la competencia del Tribunal Constitucional es distinta en ambos casos, pues en la inaplicabilidad esta dirigiaa a obtener un pronunciamiento del que resulte la orden de no aplicar, por causa de inconstitucionalidad, a un caso concreto el precepto controlado, con efectos relativos y en cambio, la declaracién de inconstitucionalidad del precepto legal lo expulsa del sistema normativo, derogandolo con efectos sélo a futuro; | SEXTO. Que debe considerarse también, desde una perspectiva procesal, reiterando lo expuesto, que el impulso necesario para aperturar el proceso constitucional es distinto en ambos casos, pues en la inaplicabilidad corresponde a las partes de la gestion en gue ha de aplicarse la norma y al juez que esta conociendo del proceso, En el proceso de inconstitucionalidad la Carta Fundamental consagra la accién publica para iniciarlo y faculta, ademas, al Tribunal Constitucional para de actuar de oficio en su iniciacién; SEPTIMO. Que, en cuanto a los efectos que producen ambas decisiones de inconstitucionalidad, debe tenerse presente que en el caso de la inaplicabilidad la norma declarada inaplicable sigue vigente como ley de la Republica, pero no puede aplicarse al caso concreto en el cual incide el requerimiento. En cambio, la declaracion de inconstitucionalidad deroga el precepto controlado, sin

efecto retroactivo, segin lo previsto por el articulo 94

ci wo tule 4 art (124)

de la Constitucion Politica, con lo cual deja de ser un precepto legal.

Esta ultima situacién no se encuentra prevista por el Parrafo VI del Titulo Preliminar del Cédigo Civil, .que se refiere a la derogacién y sus efectos, pues se sustenta en el supuesto histérico de que sdélo una ley puede derogar otra ley en forma expresa o tacita.

Por lo tanto, para comprender cabalmente la terminologia empleada por la Constitucién, debe estarse directamente a lo dispuesto por el invocado articulo 94, inciso tercero, en la parte que expresa “el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 6 7 del articulo 93, se entendera derogado desde la publicacién en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no _ producira efecto retroactivo”;

OCTAVO. Que, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la derogacién en el ambito del derecho puede conceptualizarse como “la cesacion de la eficacia de una ley en virtud de la disposicién o disposiciones de otra ley posterior. Importa privar a la primera de su fuerza obligatoria, reemplazando o no sus disposiciones por otra”. En este sentido es necesario precisar que el articulo 94 consagra un efecto derogatorio sin reemplazo de las disposiciones derogadas por otras, en atenci¢n a que a esta Magistratura no le compete ejercer funciones legislativas.

Ello exige, fijando el alcance del citado articulo 94, que la expresién “derogado” usada por la Carta Fundamental debe tomarse en su sentido natural y técnico, que generara su efecto propio, cual es el que la ley deja de tener el valor y eficacia de tal desde que se produce

la derogacién;

* Tratado de Derecho Civil, Tomo I, Partes Preliminar y General, Arturo Alessandri R. Manuel Somarriva U. y Antonio Vodanovic H., Editorial Juridica de Chile, Santiago, 1998

Auto pore <( UO)

Acerca del efecto irretroactivo de la derogacién del precepto declarado inconstitucional, cabe tener presente lo sefialado por autores clasicos como Colin y Capitant acerca de la materia’, en términos que la ley dispone para el porvenir, rigiendo todos los actos que se produzcan a partir de su entrada en vigencia, al mismo tiempo que la ley nada dispone acerca de los hechos

acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor.

En el marco de la teoria de la ley, Paul Roubier ha conceptualizado la retroactividad en su obra “Les conflits de lois dans les temps”, sefialando que estamos frente a ella cuando la ley nueva alcanza con sus efectos al tiempo anterior a su entrada en vigor, consistiendo en la prolongacién de la aplicacién de la ley a una fecha

anterior a la de su entrada en vigor;

NOVENO. Que de acuerdo a lo considerado precedentemente la derogacién produce siempre la pérdida de vigencia de la ley a futuro, pero puede tener efectos retroactivos solo si asi lo ordenase expresamente la Constitucion o la ley y, en algunos sistemas, como ocurre en Austria, la

propia sentencia.

En el caso chileno, los efectos en el tiempo de la declaraci6én de inconstitucionalidad por esta Magistratura, estan precisados en la Carta Fundamental, que decidié que la sentencia no producira efectos retroactivos, lo que, a contrario sensu, significa que sOlo produce consecuencias a futuro, entendiéndose por tales a las situaciones que ocurran con posterioridad a

su publicacién en el Diario Oficial;

** Ver COLIN Y CAPITANT.- Curso de Derecho Civil.- Madrid, ed.

Reus, 1922

iui erties go (\il)

DECIMO. Que, precisado lo anterior, se entrara a considerar acerca de la peticién contenida en el requerimiento, que se refiere al articulo 116 del Cédigo Tributario, ubicado en el Libro III, Titulo I, denominado “De los tribunales”, que disponia: “Art. 116. El Director podré autorizar a los funcionarios del Servicio para conocer y fallar reclamaciones y denuncias obrando “por orden del

ah .

Director

Dicha norma, como se recordara, fue declarada de oficio inconstitucional por sentencia de esta Magistratura recaida en el Rol N° 681-2006, de fecha 26 de marzo de 2007, publicada en el Diario Oficial N° 38.726, de fecha 29 de marzo de 2007.

En lo esencial las consideraciones que sustentaron dicha decisién fueron las siguientes:

a) La autorizacién que confiere dicho érgano, en virtud del cuestionado articulo 116 del Cdéddigo Tributario, en su calidad de juez tributario, a funcionarios de su dependencia implica una delegacién de la referida - competencia jurisdiccional, toda vez que dice relacién con el conocimiento y fallo de reclamaciones y denuncias tributarias que, en forma privativa, le ha otorgado la ley a dicha autoridad a través del articulo 115 del mismo cuerpo legal.

b) El articulo 77 de la Constitucién delegé en el legislador organico la determinacién de la organizacion y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administracién de justicia en todo el territorio de la Republica.

c) Claramente la autorizacién que puede otorgar el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos a determinados funcionarios del mismo, para conocer y ‘fallar reclamaciones y denuncias

obrando por orden suya, contemplada en el articulo

tulle woverle - ob, (1142)

116 del Cédigo Tributario, constituye una delegacién de facultades propias del tribunal tributario, en la medida que es el Director Regional como juez tributario quien delega a un funcionario del mismo Servicio el ejercicio de parte de la competencia que la ley le ha confiado originalmente. La referida delegacién de facultades, que se materializa a través de la dictacién de una resolucién exenta, como aquéllas gue ha examinado este Tribunal, ya en numerosas ocasiones, permite que el funcionario delegado conozca y resuelva reclamaciones tributarias,

uu

actuando por orden del Director Regional”, reconociendo que no es el juez natural.

d) Tal y como este Tribunal ha _ recordado, la jurisdiccién constituye un atributo de la soberania y, en tal calidad, es indelegable por parte de las autoridades a quienes la Constitucién o la ley la han confiado. Tal conclusioén se desprende inequivocamente del articulo 5° de nuestra Carta Fundamental.

e) De todo lo anterior se concluye que el precepto cuestionado infringe los articulos 5, 6, 7, N° 3, inciso cuarto, 76 y 77 de la Constitucién Politica;

DECIMOPRIMERO. Que en este entorno la Corte Suprema ha requerido a este Tribunal “para que se pronuncie acerca de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del articulo 116 del Cédigo Tributario, en la presente causa, en relacién con el articulo 76 de la Constitucion Politica de la Republica”;

DECIMOSEGUNDO. Que efectuadas las precisiones expuestas, corresponde ahora emitir pronunciamiento sobre dicha peticién, debiendo tenerse presente para ello, en primer lugar, que debe considerarse como hecho de la causa que el articulo 116 del Cédigo Tributario se encontraba derogado a la fecha de la presentacién, es decir, que no

era ley vigente, lo cual lo privé del caracter de

precepto legal, elemento esencial que debe tenerse especialmente en cuenta para determinar la competencia de este Tribunal para pronunciarse sobre el tenor de la peticién, en mérito de lo dispuesto en el articulo 93 N° 7 de la Carta Fundamental que sefiala que son atribuciones del Tribunal: “Resolver por la mayoria de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en: el numeral anterior”. |

En consecuencia, resulta ineludible concluir que los requerimientos se efectuaron a este Tribunal, de acuerdo a su fecha de ingreso, cuando el articulo 116 ya se encontraba derogado.

Por lo tanto, a este Tribunal no le corresponde pronunciarse sobre un requerimiento recaido sobre preceptos legales que no tienen el caracter de tales, por encontrarse derogados a la fecha en que éste fue presentado, sin perjuicio de lo que mas adelante se considerara;

DECIMOTERCERO. Que lo que cabe entonces decidir es si el referido precepto legal, que ya no es tal, pero que tuvo aplicacién en los procesos requeridos, puede ser’ ahora objeto de un pronunciamiento de inaplicabilidad por parte de esta Magistratura, limitado naturalmente a los efectos gue en su tiempo se produjeron en la sustanciacién y fallo de un proceso tributario por un juez delegado dentro del marco regulatorio del articulo 116 del referido cuerpo legal;

DECIMOCUARTO. Que también debe precisarse que la citada norma fue aplicada en el proceso requerido, lo que queda demostrado con su simple lectura, ya que el juez que actu6 en representacién del tribunal tributario, no fue su juez natural -el Director Regional del Servicio de Impuesto Internos-, sino su delegado, posibilidad que como se sabe, le daba expresamente el articulo 116 sub

lite;

Cauuo Urovtriion ual (14)

DECIMOQUINTO. Que no obstante que esta Magistratura no puede declarar inaplicable un precepto legal que ya no es tal, efectuard algunas consideraciones en torno a la eficacia como ley que tuvo en el tiempo en que se aplicéd en el proceso, todo ello dentro del estricto marco de control de constitucionalidad, toda vez que el control de su. legalidad le corresponde privativamente a los tribunales que estAén conociendo de _ los respectivos -procesos, todo esto en el marco de los principios de juridicidad, competencia y distribucion de funciones establecidos por los articulos 6° y 7° de la Constitucion Politica de la Reptiblica;

DECIMOSEXTO. Que esta Magistratura, en ejercicio de la competencia especifica que le asigna el requerimiento, debe precisar que en la é€poca en que se efectué la delegacién el articulo 116 del Cédigo Tributario si tenia plena eficacia de ley y careciendo de ella ahora, no le corresponde a este Tribunal Constitucional declarar su inaplicabilidad retroactiva;

DECIMOSEPTIMO. Que en mérito de lo considerado precedentemente este Tribunal decidira que carece de facultades para declarar la inaplicabilidad de un precepto legal que no tiene existencia constitucional y que, ademas y a mayor abundamiento, como su principal consecuencia, ya no puede tener efecto alguno en la decisién del fondo de la materia en litis.

Cabe concluir entonces que, mientras la inaplicabilidad por inconstitucionalidad no sea solicitada y luego’ decidida, acogiéndola, la ley decisoria cuestionada en un proceso que se siga ante otro tribunal, debe considerarse que no es contraria a la Constitucion;

DECIMOCTAVO. Que, ademas, para comprender los efectos que genera la irretroactividad ~ de las declaraciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, hay que

distinguir nitidamente entre la inaplicabilidad y la

Witulo Lvornvite 4 wuE6 (US)

inconstitucionalidad, institutos ya precisados en esta sentencia.

Respecto de la irretroactividad de la declaracioén de inconstitucionalidad, dicho efecto esta establecido en forma expresa por la Constitucién Politica, en cambio, no ocurre lo mismo respecto de la inaplicabilidad, ya que, ademas de ser un control de aplicacién futura, tales efectos estA4n determinados sdédlo en funcién de los requisitos que el articulo 93 establece para que una de las salas del Tribunal Constitucional se pronuncie acerca de la admisibilidad del requerimiento formulado, puesto que exige que el precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolucién de un asunto, por lo que cabe concluir, por esa via, que si el precepto ya fue aplicado, no se cumple con el referido presupuesto procesal.

Ello implica necesariamente concluir que los efectos de la sentencia de inaplicabilidad, en relacién a la retroactividad de la norma impugnada, produciran los mismos resultados que la declaracion de inconstitucionalidad, es decir, si el precepto legal impugnado no existe, no puede resultar decisivo en la resolucién del asunto;

DECIMONOVENO. Que, en consecuencia, si el articulo 116 del Cédigo Tributario fue aplicado antes de que se ordenara la suspensién del procedimiento o se dictara sentencia, no puede posteriormente ser cuestionada su aplicacién por ningtn tribunal, puesto que el Tribunal Constitucional es el Unico 6rgano dotado de competencia privativa para pronunciarse sobre la inaplicabilidad de la ley vigente en un sistema concentrado de control, como es el que estableci6é el Constituyente, erradicando toda posibilidad de control difuso de constitucionalidad. Igualmente, fluye de lo expuesto en las consideraciones precedentes que a este Tribunal no le corresponde declarar inaplicable una norma que, aunque haya _ sido

aplicada, ya no tiene el caracter de precepto legal.

Civile Luorinion srt, (I4b)

La Constitucién opt6 por disponer que solicitada la inaplicabilidad, declarada admisible y luego acogida por el Tribunal Constitucional, ello sdélo produce efectos desde la notificaci6én de la sentencia al tribunal que esta en condiciones de aplicar la norma cuya inaplicabilidad se solicité, 0 sea, no le dio, ni pudo darle efecto retroactivo alguno, pues el efecto de la inaplicabilidad se producira necesariamente después de su declaracion;

VIGESIMO. Que, esta Magistratura constata que la aplicacién del articulo 116, en su momento, se ajusto a la preceptiva constitucional y que solo quedaria por resolver el conflicto planteado en la gestién pendiente.

Y VISTO, lo dispuesto en el articulo 93, numero 6 e inciso undécimo, de la Carta Fundamental

SE RESUELVE, gue la aplicacién del articulo 116 del Cédigo Tributario en la gestién que motiva el presente requerimiento no resulta decisiva en el actual estado de la misma, lo que, al no concurrir los presupuestos de admisibilidad, hace que el control de constitucionalidad de la aplicacién del precepto cuestionado deba entenderse concluido en esta fase de admisibilidad con la declaracién precedente.

Devuélvase el expediente remitido por esa Corte.

Se previene que el Ministro sefor Enrique Navarro Beltran no comparte los considerandos 16° a 20° y tiene adicionalmente presente las siguientes motivaciones:

PRIMERO: Que como se ha sefialado, de conformidad a lo establecido en el articulo 94 de la Constitucién Politica de la Reptblica, inciso tercero, el precepto legal declarado inconstitucional, en este caso el articulo 116 del Cédigo Tributario, “se entenderd derogado desde la publicacién en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producird

efecto retroactivo”.

Cato Lor rail (tt)

SEGUNDO: Que en cuanto a los antecedentes de la historia fidedigna del establecimiento de la disposicion, es del caso tener presente la discusidén suscitada en torno a los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad, a objeto de precisar el proposito del Constituyente;

TERCERO: Que, que en primer tramite constitucional, en el Senado, se consagraba que la norma legal que fuera declarada inconstitucional “se entendera derogada desde dicha publicacion”. En la Comision de Constitucién, Legislacién, Justicia y Reglamento del Senado, el Senador sefior Espina propuso una disposicién segun la cual “la declaracion de inconstitucionalidad no operara con efecto retroactivo respecto de todas aquellas gestiones en que haya recaido resolucién o sentencia ejecutoriada”. Sobre el punto el Subsecretario del Interior de la época, sefior Jorge Correa Sutil, opind que, “si bien intenta reafirmar la validez de aquellas gestiones en que haya recaido resolucién o sentencia ejecutoriada antes de una declaracion de inconstitucionalidad, no impide que se susciten dudas en relacion ae actos, negocios, contratos y otros instrumentos suscritos con anterioridad a dicha declaracién”. Por su parte, el senador Larrain considero innecesaria esta indicacién pues “las proposiciones que ella contiene son igualmente aplicables en virtud de los principios generales de derecho en esta materia, que son de comin e indubitada aplicacién en nuestro medio”. Del mismo modo, los senadores Moreno y Silva Cimma “coincidieron en cuanto a que tales disposiciones serian innecesarias”. Asi las cosas, se dej6 expresa constancia en relacién a que “los fallos del Tribunal Constitucional que declaran inconstitucional un precepto legal producen efectos desde su publicacién en el Diario Oficial y, en caso alguno, en forma retroactiva”;

CUARTO: Que en segundo tramite, en la Camara de

Diputados también se discutiéd acerca del alcance de la

ca uho wrote goo (148)

inconstitucionalidad. Asi, en sesién de 23 de marzo de 2005, la diputada sefiora Guzm4n destacé la relevancia de la inconstitucionalidad, como una “forma mas consistente para asegurar la igualdad ante la ley”. Por su parte, el diputado sefior Bustos sefial6 la conveniencia de “establecer un recurso de inconstitucionalidad en que la disposicioén quede erga omnes como tal y, por lo tanto, invélida juridicamente”. El texto aprobado en segundo tramite establecia que el precepto legal declarado inconstitucional quedaria sin efecto “de pleno derecho”;

QUINTO: Que, con posterioridad, en la Comision de Constitucién, Legislacién, Justicia y Reglamento del Senado se hizo presente ciertas dudas que se suscitaban en lo concerniente al momento a partir del cual el precepto declarado inconstitucional quedaba sin efecto, estimando que “la redaccién de esta norma no deberia admitir la posibilidad que las resoluciones que el Tribunal Constitucional adopte en estos casos produzcan efectos retroactivos”, solicitando al Ejecutivo recoger estas observaciones en veto que el Presidente de la Republica podia formular;

SEXTO: Que, por lo mismo, el efecto de las sentencias del Tribunal Constitucional fue materia de un veto presidencial, precisdndose -en sus motivaciones- que la declaracién de inconstitucionalidad de un precepto legal “sdédlo tiene cardcter derogatorio y, por ende, su declaraci6én de inconstitucionalidad no tiene efecto retroactivo”. De modo tal que la disposicién sefnala que el precepto declarado inconstitucional "se entenderd derogado desde la publicacién en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producira efecto retroactivo”. En el Informe de la Comisién de Constitucién, Legislacién, Justicia y Reglamento del Senado se consigné que este veto correspondia a “ajustes que se han efectuado a diversos numerales del articulo 82”. Esta materia fue aprobada en la Sala sin discusion y

por unanimidad. La Camara de Diputados a su turno también

Chuo Cwanido yours iA144 )

lo aprobé, destacandose por los diputados sefora Guzman y sefior Bustos la relevarcia de la accion de inconstitucionalidad;

SEPTIMO: Que sobre el punto ila doctrina especializada , ha sefialado que la decisién del constituyente en cuanto al efecto derogatorio y no retroactivo, ex nunc, “es compleja y no exenta de criticas”, habida consideracién que ello “tiene enormes implicancias y se relaciona con juicios sentenciados conforme a: preceptos legales declarados inconstitucionales; con procesos en marcha, y derechos, situaciones o posiciones adquiridas en dicho periodo conforme a un precepto legai inconstitucional”, incluso en materias tan relevantes como la penal; sin embargo, concluye, “la Constitucién es categdrica: prohibe aplicar efectos retroactivos a una sentencia de inconstitucionalidad” (Gaston Gémez Bernales, La reforma constitucional, a la jurisdiccién constitucional, en Reforma Constitucional, 2005, pagina 683). Otro autor ha puntualizado, con motivo de la prohibicién de efecto retroactivo de la sentencia de inconstitucionalidad, que la regla constitucional “parece excesivamente rigida, ya que en algunos casos excepcionales se puede requerir que la sentencia pueda generar efectos ex tunc. Un caso concreto donde parece razonable Ila aplicacioén de eriterios ex nunc es cuando se _impugna la inconstitucionalidad de un precepto legal por vicios de procedimiento o forma, declarada la inaplicabilidad en concreto y solicitada la expulsién de Ja norma del ordenamiento juridico, parece dificil sostener que una norma que no pudo- nacer constitucionalmente pueda considerarse valida e integrante del ordenamiento juridico hasta el momento de la expulsion por fallo del tribunal constitucional, parece que en tal caso se justifica los efectos ex tunc, dejando a salvo los derechos adgquiridos y la cosa juzgada” (Humberto Nogueira

Alcala, Bl control represivo Vy abstracto de

Uo Wu Cwrlor{ (50)

inconstitucionalidad de las leyes en la reforma constitucional de 2005. De las competencia del Tribunal Constitucional y los efectos de sus sentencias, en La Constitucién Reformada de 2005, paginas 444 y 445)

OCTAVO: Que de lo dicho se desprende que el propésito del constituyente fue evitar que la decision de inconstitucionalidad pudiera tener efecto retroactivo, de forma tal de no alterar Situaciones juridicas consolidadas o amparadas por sentencia o resolucidén que produzca efectos de cosa juzgada;

NOVENO: Que asi las cosas, teniendo presente la circunstancia que el articulo 116 del Codigo Tributario ha sido derogado como consecuencia de la sentencia dictada por este Tribunal, en conformidad a lo prescrito en el articulo 94 de la Constitucidén Politica de la Republica, debe concluirse que la disposicién “no puede recibir aplicacién en la causa sub-lite, por lo cual resulta improcedente que este Tribunal se pronuncie acerca de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del mismo” (Rol N° 685-07). En otras palabras, el conflicto constitucional no resulta factible en la actualidad al haber dejado de existir el precepto legal en cuestién, presupuesto bdsico de la inaplicabilidad, como lo expresa el articulo 93 N° 6 la Carta Fundamental;

DECIMO: Que, por Ultimo, a este Tribunal, como también lo ha sefialado esta Magistratura, no le corresponde pronunciarse sobre la validez de actuaciones y resoluciones de un proceso tributario seguido ante un juez delegado con anterioridad a la revocacién de la delegacién de la publicacién en el Diario Oficial de la sentencia de inconstitucionalidad, lo que es de resorte y competencia exclusiva del juez de la instancia (Rol N° 685, consid. 13°). Por lo mismo, tal como lo comunicé este Tribunal frente a una consulta formulada por la Corte Suprema, en resolucién de 17 de julio de 2007, “la sentencia de inconstitucionalidad dictada por este

organismo y a la que alude el oficio, no produce, ni

CAUto Un cuunla F140 (St)

puede producir, ningtin efecto respecto de la facultad privativa que tiene vuestra Fxcelencia para resolver, en ejercicio de su competencia, la causa sub lite, puesto que la potestad emanada de nuestra jurisdiccion constitucional, se agota, en el caso concreto, con la decisién derogatoria expresada en dicha sentencia, dictada en ejercicio de la atribucién conferida por el N® 7° del articulo 93 de la Constitucién Politica”.

Acordado con el voto en contra del Ministro sefor

Jorge Correa Sutil, quien estuvo por declarar admisible

el requerimiento en atencion a los Siguientes considerandos: 1°. Que la declaracién de inadmisibilidad sdélo

procede en caso que el requerimiento no cumpla alguna de las condiciones que sefiala la propia Constitucion en el inciso decimoprimero de su articulo 93. Desde luego, ni el hecho de haberse aplicado ya el precepto en la gestion ain pendiente, ni la circunstancia de encontrarse derogado -a la fecha de interposicion de la accién- el precepto legal al que se le atribuye la capacidad de producir efectos contrarios a la Constitucion, constituyen, ni en la Carta Fundamental, ni en la ley, motivos para inadmitir un requerimiento. El sentido y finalidad de la instituci6én de la inaplicabilidad_ consiste en evitar que una norma legal produzca, en un caso pendiente, un efecto contrario a la Carta Fundamental. Es un mecanismc destinado a garantizar la vigencia y supremacia de la Ley Fundamental. Concordante con esta finalidad a la Constitucién le basta, conforme al claro tenor literal de su articulo 93, con que el precepto legal tenga la capacidad para producir, en un caso que esté pendiente ante tribunal ordinario o especial, un efecto inconstitucional. Como se demuestra en los considerandos que siguen, un precepto legal derogado tiene, bajo ciertos supuestos que se verifican en la especie, capacidad y aptitud de producir efectos

contrarios a la Carta Fundamental. De igual modo, lo

Ciille Cr wena obo (152) _

tiene el precepto legal ya aplicado en etapas procesales agotadas en caso que la validez de lo actuado bajo su imperio pueda encontrarse en entredicho, lo que también se verifica en la especie;

2°. Un precepto legal ya derogado puede perfectamente aplicarse para resolver un asunto pendiente. Al efecto basta, como ocurre en el caso de autos, con que los hechos que se juzgan hayan ocurrido bajo el imperio de la norma derogada. En efecto, en la gestién pendiente, el llamado juez tributario delegado fue nombrado, actud y cesd6 su cometido mientras estuvo en plena vigencia el articulo 126 del Cédigo Tributario que se pide inaplicar. Esas actuaciones del delegado son precisamente efectos producidos por la aplicacioén del precepto legal hoy derogado. Ello ocurrié en el pasado, pero esta pendiente la decision judicial acerca de la validez de tales actos y para esa decisién que aun debe hacerse, que estd pendiente, que es futura, resulta gravitante y decisivo que los jueces del fondo apliquen o no aplique el precepto derogado. Precisamente lo que la Corte Suprema nos ha consultado es si, en sus decisiones futuras, debe o no aplicar el precepto legal, pues duda respecto de la constitucionalidad de los efectos que su aplicacién podria producir. Este Tribunal, a juicio de este disidente, esta obligadc a responder el fondo de la pregunta que, con plena propiedad y estricto apego a la Constitucién, nos ha hecho la Corte Suprema;

3°. La derogacién tampoco impide que una norma que ha cesado en su vigencia, pero que rigié mientras ocurrieron los hechos que deben juzgarse, pueda producir efectos decisivos en la resolucién de un = asunto pendiente. En este sentido, el caso actual no difiere de aquellos otros en que esta Magistratura entro al fondo, pues en ellos también la norma impugnada ya _ habia recibido aplicacién respecto de hechos -la actuacion del juez delegado al amparo del articulo 116 del Cédigo

Tributario- que se habian agotado. Si este Tribunal juzgo6

nui Cuda. Are (153)

en esos casos -por lo demas conforme a una jurisprudencia sostenida e invariable- que era procedente decidir si la actuacién (agotada) del juez delegado se habia amparado o no en una norma que produce efectos contrarios a la Constitucién, no se ve por qué no deba hacerlo una vez derogado el precepto. En aquellos casos, como en éste, el precepto legal impugnado sirvié para validar actuaciones que ocurrieron bajo -su imperio, las que igualmente se encontraban agotadas a la fecha que se requirio de inaplicabilidad, pero que, al igual que ahora, son aun revisables por un tribunal superior, en virtud de -recursos impetrados y no resueltos. En aquellas gestiones pendientes, como en la que motiva la consulta en este caso, la aplicacién del articulo 116 del Cédigo Tributario resulta igualmente decisiva, pues su derogacién no cambia la circunstancia decisiva que los hechos, que son las actuaciones del delegado, -cuya validez esta por determinarse- hayan ocurrido bajo su imperio;

4°, En efecto, en mas de treinta fallos de inaplicabilidad ya dictados (roles 499, 502, 515, 520, 525,526, 527, 528, 547, 554, 555, 566, 569, 574, 595, 604, 605, 606, 613, 614, 627, 628, 629, 630, 635, .636, 639, 640, 641, 642, 647, 657 y 658) esta misma Magistratura decidié gue la aplicacién de la misma norma que ahora se impugna producia efectos contrarios a la Constitucién. En tales casos, al igual como ocurre en el que ahora se resuelve, el precepto legal ya habia recibido aplicacién. Al igual que en el que ahora resolvemos, el juez delegado ya habia agotado su actuacién y en ninguno de ellos esta Magistratura sostuvo que el conflicto de constitucionalidad habia dejado de existir. Tales circunstancias no sélo no fueron obstaculo para que esta Magistratura estimara que la aplicacion de un precepto ya aplicado podia atin resultar decisiva en la resolucién del asunto y que producia efectos contrarios a

la Constitucién. Por el contrario, razoné “que, a la luz

de los antecedentes tenidos a la vista, en la especie, este Tribunal considera que la declaraci6én de jnaplicabilidad del articulo 116 del Céodigo Tributario -

norma procesal de caracter orgdnico- resultaria decisiva

en la resolucién del recurso de apelacién pendiente

(...). En efecto, si se determina que el aludido precepto legal contraviene la Constitucién, resultara que la sentencia dictada por el Juez Tributario (...) fue dictada, por quien no tenia la calidad de Juez adoleciendo, entonces, de un vicio que vulnera tanto el inciso 1° como el inciso 2° del articulo 7° del Cddigo

Politico, lo que no puede _ sresultar indiferente a los

jueces del fondo.” (Considerando Décimo Segundo en varios

de los roles ya citados; énfasis afiadido).

5° Que, como se infiere la cita precedente, tampoco este Tribunal consideré, en los casos ya fallados, que la existencia de una apelacién por parte del requirente hubiera convalidado las actuaciones del juez delegado o hiciera imposible ya impugnar la aplicacioén del precepto legal. A todo vento, a juicio de este disidente, la preclusion para alegar una nulidad es una materia que deben resolver los jueces del fondo, mientras que, a esta Magistratura en la actual etapa preliminar de admisibilidad, debe bastarle con la posibilidad de que el precepto resulte aplicado para estar obligado a admitir a tramitacién, conforme al claro tenor y sentido del inciso decimoprimero del articulo 93 de la Carta Fundamental;

6° Que en todos los casos fallados que se vienen refiriendo se habia también verificado ya la actuacién del llamado juez delegado al amparo del = articulo impugnado. El agotamiento de tales actuaciones y por ende de las etapas procesales en que el precepto habia recibido aplicacién no fueron entonces y no han _ sido nunca, hasta el fallo del cual se disiente, motivo para inadmitir la tramitacién de un requerimiento, pues este Tribunal ha entendido -a juicio de este disidente

correctamente- que mientras la gestiédn se encontrara

muio ruwiria, Uber (155) |

pendiente, cabia la posibilidad de que los jueces del fondo revisaran la validez de haber aplicado el precepto legal en etapas procesales agotadas, y que, a todo evento, acerca de la plausibilidad de que tal revision se produjera sélo le cabia decidir a los jueces del fondo;

| 7°. En consecuencia, la derogacién del articulo 116 no altera en nada relevante las mismas circunstancias que, en mas de treinta casos anteriores, llevaron a esta Magistratura -aplicando la Carta Fundamental y los criterios de interpretacién que hasta ahora mantenia invariables- a pronunciarse sobre el fondo de _ los requerimientos impetrados, pues el precepto impugnado, en el caso sub lite, al igual que en aquéllos, ya recibio aplicacién en etapas procesales agotadas; al igual que en

ellos, tal actuacién no fue impugnada por la via de

acciones de casacion de forma o de inaplicabilidad antes .

de plantearse una apelacién y, del mismo modo, en aquellos como en este caso, el precepto-. impugnado permitiéd la actuacién de un juez delegado, que, de ser considerado inconstitucional, como lo juzgd este Tribunal, “no puede resultar indiferente a los jueces del fondo”. En consecuencia, a. igual que en los casos anteriores es posible, debido y determinante para lo que resta del juicio que se sigue en la justicia ordinaria, decidir si tal aplicacién resulta o no contraria a la Constitucién, pues en esta causa, como en aquellas, el pronunciamiento acerca de las actuaciones de los delegados esta pendiente y para juzgar aquello resulta decisivo que se pueda o no aplicar el precepto legal hoy derogado pero que estaba vigente al ocurrir esos hechos; 8°. Que adoptar esta posiciédn no implica, en absoluto, desconocer lo estatuido en el articulo 94 de la Carta Fundamental, que dispone que las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de un precepto legal no produciran efecto retroactivo, ya, que esta posicidon disidente no se funda, de modo alguno, en dar un efecto

retroactivo a la declaracién de inconstitucionalidad,

(tuto vowel, 201 (>

sino sélo en reconocer que los hechos relevantes que sirven para juzgar los efectos inconstitucionales de una

norma, hoy derogada, se verificaron mientras ella estuvo

vigente.

9° Es precisamente el mandato del efecto futuro del cese de la vigencia del precepto legal declarado inconstitucional lo que exige entrar al fondo de este asunto, pues es tal efecto futuro el que hace que la derogacién no pueda producir impacto alguno en hechos pasados, como son las actuaciones del juez delegado. A su respecto, la sentencia de inconstitucionalidad no puede tener la virtud de invalidarlas, pero tampoco de validarlas. En cambio, para una resolucién judicial futura, como es la validacisén o invalidacién de tales actuaciones, los jueces del fondo requieren del pronunciamiento de esta Magistratura y, en razon de ello, segin entiende este disidente, le han consultado. las actuaciones del juez delegado ocurrieron bajo el amparo de un precepto legal que obliga, atn hoy, a los tribunales del fondo, pues para estimar o desestimar la validez de las actuaciones del delegado, los jueces del fondo no pueden desconocer ni dejar de considerar la existencia del articulo 116 del Cédigo Tributario, ni su vigencia mientras actud ese juez delegado, aunque hoy el -precepto esté derogado. En tal sentido, para apreciar mafiana la validez de esos hechos pasados, el precepto sigue obligando a los jueces del fondo, aun que no esté vigente. Y respecto de ese precepto que hoy, igual que ayer, vincula y obliga a los jueces del fondo, con la misma fuerza y en el mismo sentido, esta Magistratura ha dicho que su aplicacién -en causas igualmente vigentes en que el juez también ya habia agotado sus actuaciones y en las cuales se habia apelado pero no pedido la nulidad de sus actuaciones~- produce efectos contrarios a la Constituci6én y luego le ha derogado por resultar inconstitucional. Respecto de ese precepto y de sus efectos futuros en causa pendiente se nos ha consultado. No existe, en consecuencia, razon legal ni légica para no

emitir el pronunciamiento que se nos ha requerido.

calo uno ane (154)

10°. Que, por ultimo, si hubiera duda acerca de si, por el efecto de las leyes en el tiempo, debe o no aplicarse un precepto legal a un caso, esa duda debe resolverse por los jueces del fondo y no por este Tribunal Constitucional. A esta Magistratura debe serle suficiente que la duda exista, que el precepto pueda resultar decisivo en la resolucién del asunto, como claramente lo establece el inciso decimoprimero de la Carta Fundamental, para cumplir con su tarea mas propia de decidir si tal aplicacion posible produciria o no efectos contrarios a la Constituciéon.

11° Que, para emitir este voto, quien lo suscribe tiene ademas y especialmente presente que, siendo ésta la Gnica Magistratura llamada a resolver la inaplicabilidad de un precepto legal, al no entrar al fondo, producira una desigualdad entre esta causa y aquellas en que se acogi6é la inaplicabilidad, lo cual repugna valores constitucionales; efecto que, a juicio de este disidente, y conforme a los razonamientos anteriores, este Tribunal ha estado en la obligacién de evitar.

12° Que este Ministro disiente también del fallo, pues estima que la falta de pronunciamiento acerca del fondo, deja a los tribunales que deben resolver la gestién pendiente con sdlo dos alternativas que juzga igualmente negativas y dafiinas para la supremacia constitucional. Asi, le parece que la primera alternativa que les queda es considerar valido lo obrado por el juez tributario delegado, lo que, ademas de la desigualdad anotada en el considerando anterior, implicaria convalidar una actuacién que esta Magistratura ha declarado, en términos generales y abstractos, como contraria a la Carta Fundamental. La segunda alternativa que se les presenta a los jueces del fondo consiste en anular lo obrado por el juez tributario delegado. Ello

significaria que un tribunal diverso al Constitucional

er yukd UWutuuia sero (138)

deja de apreciar la validez de una actuacién a la luz de un precepto legal, por razones basadas en la Carta Fundamental, lo que, en el fondo, equivale a inaplicarlo por inconstitucional, modo de control difuso de constitucionalidad de preceptos legales que la Constitucién guiso evitar en la reforma del afio 2005, concentrando en esta Magistratura esa tarea. A juicio de este disidente, entonces, el fallo llevara también, por las razones anotadas en jeste considerando, a un segundo resultado contrario a la eficacia de la Carta

Fundamental.

Notifiquese, registrese archiylese.

Rol N° 884(729) -2007-IN

Se certifica que el Ministro sefior Hernan Vodanovic Schnake concurrié al acuerdo de la resolucién pero no firma por encontrarse haciendo uso de su feriado.

Pronunciada por la Segunda Sala del Bxcmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidente sefior Juan Colombo Campbell y los Ministros sefiores Raul Bertelsen Repetto, Hernan Vodanovic Schnake, Jorge Correa Sutil y don Enrique Navarro Beltran.

Autoriza el Secretario del Tribunal, don Rafael Larrain Cruz. }