Reclamo tributario

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Santiago, trece de noviembre de dos mil dieciochi

VISTOS:

Con fecha 23 de febrero de 2018, Sermob S.A., representada convencionalmente por Juan Pablo Cabello Palma, ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 768, inciso segundo, del'Código de Procedimiento Civil, para que ello surta efecto en los autos sobre reclamo tributario, caratulados "Sermob S.A. con Servicio de Impuestos Internos”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol N* 257-2017, en actuales recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos para ante la Corte Suprema.

Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto impugnado dispone:

"Código de Procedimiento Civil Artículo 768. (.-)

"En los negocios a que se refiere el inciso segundo del articulo 766 sólo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1%, 2%, 3%, 49%, 6%, 7? y 8* de este artículo y también en el número 5? cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido.”.

Síntesis de la gestión pendiente

El requirente presentó reclamo tríbutario ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago en contra de una liquidación de mayo de 2033, emitida por la XV Dirección Regional de Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos.

El reclamo tributario fue rechazado en su totalidad, razón por la cual que interpuso recurso de apelación para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya Undécima Sala confirmó la resolución rectámada, en diciembre de 2017.

Posteriormente, en enero de 2018, accionó de casación en la forma y en el fondo para ante la Corte Suprema respecto de dicha sentencia por el Tribunal de Alzada de esta ciudad, fundándose en las causales de los N%s 5 y 9 del inciso primero, del artículo ¿p8 del CPC. Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Expone el actor que se producen diversos conflictos constitucionales, dada la eventual aplicación de la norma impugnada en la gestión pendiente:

1. Artículo 19 N? 3, inciso sexto, de la Constitución, esto es, vulneración a la garantía del debido proceso. Refiere que conforme la historia fidedigna de su establecimiento, para que se respete el debido proceso deben cumplirse ciertos requisitos mínimos, entre los que destacan la presentación de pruebas, recepción y examen, así como el derecho a recurrir que todo litigante tiene. De esa forma se cumple que el proceso sea racional y justo.

El Constituyente se abstuvo de enunciar los elementos integrantes del debido proceso pero estableció ciertos atributos indispensables como la igualdad entre las partes y el emplazamiento, materializados en el oportuno conocimiento de la acción, adecuada defensa y aportación probatoria para la acreditación de la pretensión, siendo, además, esencial el derecho al recurso y en particular, indica a fojas 18 Rol 4397, el recurso a la casación en la forma.

Por ello el procedimiento general de reclamaciones no queda ajeno a lo indicado profusamente por esta Magistratura, en cuanto el ejercicio de la función jurisdiccional es parte inherente a la garantía comentada.

Indica que en el caso concreto todo lo anterior se expresa en que la posibilidad de acreditar que los gastos cuya deducción es impugnada por el Servicio de Impuestos Internos, se produjeron y ellos tienen a su vez directa relación con los ingresos que permiten generar, siendo, así, gastos necesarios.

La norma cuestionada impide a las partes instar por la nulidad del fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, aun cuando en el procedimiento se hayan omitido trámites de relevancia para el contenido de la garantía del debido proceso.

Asi, por dicho vicio y conforme la norma que se cuestiona, ello tampoco podrá ser subsanado en sede de casación en la forma por la Corte Suprema. Lo mismo ocurre con la omisión de indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se funda la sentencia.

2. Artículo 19 N* 2 y artículo 19 N? 3, inciso primero, de la Constitución, en torno a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Conforme lo dispone la Carta Fundamental, se prohibe la existencia de un trato arbitrariamente discriminatorio, lo que se infringe en el caso concreto al permitir que quienes litigan en procedimiento civil ordinario cuenten con la posibilidad de recurrir de casación en la forma, mientras que su parte está sujeta a un procedimiento regido por leyes especiales y vedado de dicho arbitrio.

No existe en autos, para ello, ninguna justificación para un trato desigual de esta naturaleza. Al no existir un fundamento racional para esta diferencia, se llega a o

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la inconstitucionalidad de la norma que cercena la facultad de casar en la formá a su parte, conforme lo ha establecido latamente esta Magistratura en su jurisprudencia.

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3. Infracción al artículo 5%, inciso segundo, de la Constitución, en relación con los artículos 8.1 y 8.2 h), 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Indica que la norma cuestionada, al limitar el recurso que tiene por objeto obtener la nulidad de la sentencia dictada con los vicios ya comentados, infringe normas de derecho internacional, de rango constitucional, comenta a|fojas 32, en virtud de lo previsto en el artículo 5? constitucional.

4. Vulneración al artículo 19 N* 26, en relación con el artículo 19 N? 3, inciso sexto de la Constitución, en relación con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Expone que la norma de derecho internacional aludida garantiza la existencia de un recurso efectivo contra la vulneración de derechos fundamentales. Por ello, es afectado el debido proceso en su esencia, impidiendo a su parte obtener una sentencia motivada y que haya ponderado racional y justificadamente los medios probatorios aportados.

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Por ello solicita sea acogida la presentación de fojas 1. I

! Tramitación ! !

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, con fecha 28 de febrero de 2018, a fojas 148, disponiéndose la suspensión del procedimiento: A su turno, en resolución de fecha 21 de marzo de 2018, a fojas 164, se declaró admisible,

confiriendo traslados de estilo.

Presentación del Servicio de Impuestos Internos

A fojas 274 el ente fiscal evacúa traslado, instando por el rechazo de la

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acción de fojas 1. Expone que en la gestión pendiente el requirente, por decisión expresa del legislador, carece del recurso de casación en la forma por la causal invocada, cuestión que la propia Constitución ha permitido, dado el reconocimiento para la ley en torno a configurar distintos procedimientos jurisdiccionales, con diferentes ritualidades y recursos; de lo contrario el Constituyente habría consagrado un

procedimiento Único para todas las controversias.

! Agrega que debe tenerse presente que el recurso de casación es un récurso de nulidad, extraordinario, de derecho estricto, que permite impugnar sólo las decisiones que el legislador determine, en la medida que se produzcan una cierta clase de vicios expresados en causales previstas en la ley. Por ello se regula exigencias de lugar, tiempo y forma para la interposición del respectivo recurso

como acto procesal. | paro pa

e Añade que la improcedencia del recurso de casación también se presenta, por ejemplo, en materia penal y laboral, teniendo en consideración que el artículo 140 del Código Tributario también lo limita pero de ello no se sigue la imposibilidad de denunciar los eventuales vicios producidos, dado que el procedimiento tributario regula dos instancias, en que el Tribunal de Alzada puede corregir los vicios de casación que se produzcan, sea subsanándolos o declarando nulidades procesales cuando no exista otra posibilidad.

Con el requerimiento de autos se pretende, más bien, que la sentencia le reconozca al actor un recurso no contemplado por el ordenamiento jurídico. A dicho respecto debe tenerse presente que esta Magistratura no puede crear un recurso no contemplado en la ley, cuestión que es el resultado del carácter negativo y supresivo de la acción de inaplicabilidad. Citando jurisprudencia constitucional, comenta que una cosa es acoger esta acción y otra, hacer procedente el recurso de casación, decisión esta Última que es privativa del legislador en el arco de sus esferas competenciales.

Asi, refiere que no existe afectación al debido proceso. El Constituyente no enumeró las garantías que consagran un justo y racional procedimiento pero ello no significa que éste carezca de todo contenido; por el contrario, se pretendió evitar la rigidez que conlleva la taxatividad, resguardando la necesaria diferenciación que exigen diversos tipos de procedimientos jurisdiccionales.

Por ello no habrá inconstitucionalidad cuando el diseño legal procesal contemple otros medios para corregir el vicio en el procedimiento o si existe Una razón objetiva para restringir o suprimir legalmente el acceso a la casación formal en un procedimiento especial. Resulta forzoso concluir que el reconocimiento del derecho al recurso, como componente del debido proceso legal, no significa que se consagre el derecho a recursos específicos como podría ser el recurso de casación en la forma.

Lo importante, indica, es que las partes gocen de garantías de un procedimiento racional y justo que asegure que no quedarán en una situación de indefensión frente a una eventual arbitrariedad en que incurra el juzgador, situación que quedó totalmente resguardada, pues el contribuyente goza de recursos para impugnar la sentencia que no comparte, aun cuando no pueda deducir recurso de casación en la forma.

Si bien el derecho a recurrir vía casación en la forma se encuentra en efecto restringido, el mismo se ve reforzado mediante un procedimiento tributario administrativo previo, por la casación de oficio en virtud del artículo 140 del Código Tributario y por la casación en el fondo; los cuales se constituyen como distintas vías o recursos que no deja en la indefensión al contribuyente.

En este sentido, existe un procedimiento de reclamación en materia tributaria que contempla y observa todas las garantías del debido proceso, contemplando una etapa administrativa y una judicial, y no sólo eso, sino que 000293

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también vías de impugnación y restablecimiento del derecho como el artículo 140 del Código Tributario, que establezca la obligación de la Corte de Apelaciones de casar de oficio determinados fallos por vicios de nulidad y recurso de casación en el fondo, el que tal y como esta Magistratura ha reconocido, cubre todos los aspectos revisables de una liquidación tributaria.

Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 13 de septiembre de 2018 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos por la parte requirente, del abogado don Abel Hidalgo Vega y por la parte del Servicio de Impuestos Internos, del abogado don Marcelo Alvial Contreras, adoptándose acuerdo con igual fecha, conforme fue certificado por el relator de la causa.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, esta Magistratura ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de requerimientos de inaplicabilidad respecto del artículo 768 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Entre otras, en las sentencias Roles N* 1.373, 1.873 y 3.116, por lo que resulta necesario, en esta ocasión, resumir, en los considerandos siguientes, lo expuesto en ellas para, en seguida, verificar si, en el caso concreto que constituye la gestión pendiente en estos autos, procede acoger o no el requerimiento planteado a fs. 1.

|. MARCO CONSTITUCIONAL

SEGUNDO: Que, de los antecedentes vertidos en el requerimiento, es posible advertir que el Recurso de Casación en la Forma objeto de la presente controversia ha sido interpuesto, en lo que interesa, en virtud de las causales contenidas en los numerales 5? y 9? del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, a raíz que se negó al reclamante “(...) todas y cada una de las diligencias probatorias solicitadas, sumado a que la prueba instrumental no fue valorada en su totalidad por los sentenciadores de primer y segundo grado, como asimismo la testimonial rendida (...)” (fs. 4 de estos autos constitucionales), con motivo de gastos objetados por el Servicio de Impuestos Internos. Por ello, el requirente esgrime que “la sentencia de primer grado omite referirse por completo a lo anterior, no valora la testimonial rendida en juicio, solo expone parcialmente aquella de tipo instrumental y, finalmente, señala que la prueba es insuficiente aun cuando negó lugar a la práctica de diligencias probatorias que produjeron la indefensión del actor” (fs. 5 de estos autos). Sobre esa base, entonces, sostiene que el rechazo de las diligencias probatorias constituye la omisión de un trámite o diligencia esencial y la falta de valoración de aquella que se agregó configuraría la omisión del requisito exigido en el N“ 4 del articulo 170 del Código de Procedimiento Civil consistente en la falta de consideraciones de hecho y derecho que sirvieron de fundamento a la sentencia (fs. 6 y 7 de autos);

TERCERO: La Constitución Política de la República no consigna expresa o especificamente el principio de fundamentación o motivación de las sentencias, pero, tal como lo ha señalado reiteradamente esta Magistratura, ese principio puede ser inferido del tenor y de la aplicación conjunta y sistemática de diversos preceptos constitucionales, al mismo tiempo que constituye también una condición para el respeto del derecho a un procedimiento racional y justo, así como para el ejercicio del derecho a defensa, que, en todo procedimiento, se vayan cumpliendo aquellos trámites que el mismo legislador ha considerado esenciales para la cabal prosecución de la gestión pendiente;

CUARTO: Que, en efecto, ambas exigencias se deducen de la Constitución, comenzando por su artículo 6, que prescribe el sometimiento de todos los órganos del Estado y de toda persona, institución o grupo tanto a ella como a las normas dictadas en conformidad a la misma, dentro de las cuales se encuentran las que reglan los procedimientos, ya sean administrativos o judiciales (STC Rol N 2034, c. 5%, a fin de evitar que cualquier decisión contraria lesione los derechos de los justiciables.

Por su parte, el inciso primero del artículo 7% sujeta especificamente a los órganos del Estado al principio de juridicidad, en cuanto sus actuaciones son válidas sólo si sus integrantes han sido investidos regularmente, las realizan dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, requisito este último que debe entenderse referido también a las normas procesales aplicables que requieren el respeto de la rítualidad, particularmente si se trata de trámites o diligencias que la misma ley considera esenciales, como son las que se vinculan con la rendición de pruebas, y, desde luego, a la obligación de motivación y fundamentación que tiene todo juez de la República. El inciso final de dicho articulo previene que la contravención de este principio base de nuestro Estado de Derecho se sancionará con la nulidad, lo que en el ámbito judicial se manifiesta, especialmente, a través de los recursos de casación y nulidad.

En fin, el artículo 76 de la Constitución alude explicitamente a los “fundamentos y contenido” de las resoluciones judiciales y lo hace para salvaguardar el principio de independencia de los tribunales;

QUINTO: Que, el artículo 19 N? 3? prescribe que, para garantizar a todas las personas la igual protección en el ejercicio de sus derechos, las sentencias deben fundarse en un proceso previo legalmente tramitado reservando a la ley establecer siempre las garantías de un justo y racional procedimiento, lo cual debe entenderse no sólo en el sentido de toda ocasión u oportunidad, sino de la amplitud o extensión en que regule cualquier procedimiento judicial o administrativo; y, asimismo, dichas garantías deben orientarse a hacer efectiva la cautela de los derechos y la descender LORO tuotro

racionalidad del procedimiento, entre cuyos elementos, resulta primordial el cumplimiento de los trámites y diligencias esenciales y, sobre todo, la motivación y fundamentación de las sentencias;

SEXTO: Que, de este modo, puede concluirse que las dos exigencias anotadas son connaturales al ejercicio de la jurisdicción e ineludibles, por ende, para el juzgador; a la vez que constituyen derechos para el justiciable, de tal manera que concretan la tutela judicial efectiva, por lo que su ausencia o limitación indebida vulnera la preceptiva constitucional;

II, RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA

SEPTIMO: Que, el Recurso de Casación en la Forma ha sido conceptualizado como "el acto jurídico procesal de la parte agraviada destinado a obtener del Tribunal superior jerárquico la invalidación de una sentencia, por haber sido pronunciada por el Tribunal inferior con prescindencia de los requisitos legales o emanar de un procedimiento viciado al haberse omitido las formalidades esenciales que la ley establece” (Mario Mosquera Ruiz y Cristián Maturana Miquel. Los Recursos Procesales, Ed. Jurídica de Chile, 22 Edición, 2012, p. 245), de lo cual se sigue que, detrás del ejercicio de este medio de impugnación, se encuentra el legítimo derecho a obtener una sentencia que dé pleno cumplimiento a los requisitos que el legislador ha estimado como inherentes a un proceso jurisdiccional estructurado de modo conforme con las garantias constitucionales aseguradas a todo aquel que recurre a la decisión de los Tribunales de Justicia;

OCTAVO: Oue, cabe tener presente, además, que el texto original del Código de Procedimiento Civil, de 1902, concedía el recurso de casación “en jeneral” contra toda sentencia definitiva (artículo 939, actual 766), incluso por las causales que en el requerimiento de autos interesan (artículo 941, actual 768). Sin embargo, fue la Ley N* 3.390, del año 1918, la que incorporó aquel inciso que excluye el recurso de casación en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales (766 inciso segundo), precisamente tratándose de las causales 9% y 5%, salvo -en esta última- que se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido, sin que exista constancia acerca de las razones que se tuvo para incorporarlo (Rol N* 2.529, c. 6%);

NOVENO: Que, probablemente, aquella restricción en su origen se vinculó con que los procedimientos que se regían por leyes especiales eran escasos O excepcionales y para asuntos que pudieron estimarse de menor entidad, pero resulta indudable que, con posterioridad, sucesivas leyes han dispuesto que una gran variedad de controversias se sustancien conforme a procedimientos de esa naturaleza, para la pronta y cumplida administración de justicia, inspirados en el sano designio de suprimir o agilizar los trámites más dilatados y engorrosos de un juicio de lato conocimiento u ordinario, de lo cual, empero, no se puede colegir que cabe excluir el recurso de nulidad o quedar coartado el acceso a la casación (STC Rol 2529, C. 7%).

Más aún, considerando que suelen contemplarse procedimientos en leyes especiales porque se trata de asuntos complejos o corresponde a actividades económicas reguladas especialmente, de manera que "[e]l fundamento del recurso de casación en estos juicios regidos por leyes especiales es que en forma creciente se han ido estableciendo procedimientos en leyes especiales, por ejemplo, reclamos contra resoluciones del Banco Central, la Superintendencia de Valores y Seguros, resoluciones de alcaldes o concejos municipales, etc.” (Juan Agustín Figueroa Yávar y Erika Alicia Morgado San Martín: Recursos Procesales Civiles y Cosa Juzgada, Legal Publishing y Thomson Reuters, 2014, 121), donde la exigencia de motivación y la regularidad de la prueba adquieren singular relevancia;

DECIMO: Que, desde luego, no resulta posible sostener constitucionalmente que las sentencias recaídas en juicios especiales no deban ser motivadas y tampoco puede considerarse admisible aceptar que, en ellos, se omitan trámites o diligencias esenciales del procedimiento, por lo que es imperativo, para que el acatamiento de esas exigencias se verifique realmente en la práctica, que existan medios eficaces para que el agraviado pueda impetrar su incumplimiento, permitiendo al Tribunal Superior competente que examine y se pronuncie respecto de ese reproche.

Lo contrario, esto es la ausencia de un recurso anulatorio efectivo en tales casos, arriesga dejar indemnes infracciones que son graves a la luz de la Constitución, con menoscabo injustificado de los afectados y del interés público comprometido;

DECIMOPRIMERO: Que, en este sentido, no es suficiente, para alcanzar el estándar exigido por la Constitución, que se contemplen otros recursos, como el de apelación ni que la Corte de Apelaciones pueda, por ejemplo en virtud de lo dispuesto en el artículo 140 del Código Tributario, corregir los vicios en que se haya incurrido, porque se trata de recursos que tienen finalidades diversas y habida consideración que "[e]n nuestro medio la apelación tiene alcances limitados, puesto que -en principio- no admite la introducción de nuevas cuestiones controvertidas, y además porque la segunda instancia en nuestro medio es básicamente una revisión, que permite a las partes una restringida producción de pruebas. Aunque la apelación en nuestro ordenamiento sea limitada, existe un deber del tribunal de segunda instancia de pronunciarse y fallar las cuestiones deducidas por el apelante como agravio del recurso, cuestión que no siempre se realiza, dejándose de fundamentar muchos aspectos que expresamente se incluyeron como puntos materia de la revisión (...)” (Alejandro Romero Seguel: “Recurso de Casación Forma y Fondo. Materia Civil”, Revista Chilena de Derecho Vol. 27 N* 3, 2000, p. 578).

Así las cosas, como se sostiene en la obra ya citada de los profesores Mosquera y Maturana (p. 36), el fundamento objetivo del legislador para establecer los recursos dentro del proceso “no es otro que el error humano” y agrega que ellos “cumplen una función social, como sería velar por la justa composición del conflicto 000295 desuentos movido y EMCA

(...). Es así como es interés de la sociedad velar por el respeto del debido proceso de ley como derecho fundamental, lo cual se logra mediante los recursos de casación y nulidad”.

Si el artículo 170 N* 4 del Código de Procedimiento Civil establece como disposición común a todo procedimiento, la obligación ineludible de motivación de las decisiones y sentencias judiciales, tanto de primera como de segunda instancia y si, además, es una exigencia de regularidad del procedimiento que se cumpla con todos sus trámites esenciales, no se ve razón ni lógica alguna para que un recurso como la casación en la forma, destinado a proteger esos bienes jurídicos fundamentales, originalmente establecido con carácter general, se haya restringido en los términos dispuestos por el inciso segundo del articulo 768. Tal exclusión resulta aún más incoherente al advertirse que el inciso segundo del artículo 766, al cual se remite el referido artículo 768, es una disposición que hace extensivo el recurso a los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales.

No aparece justificado, entonces, que se restrinja la procedencia del recurso de casación en la forma y, de este modo, se excluyan causales destinadas a corregir vicios sustanciales del procedimiento o que se encuentran contenidos en la sentencia.

11. APLICACIÓN A LA GESTIÓN PENDIENTE

DECIMOSEGUNDO: Que, finalmente, es necesario aplicar cuanto se ha razonado a la gestión pendiente para resolver, en definitiva, si procede acoger o rechazar el requerimiento de fs. 1;

DECIMOTERCERO: Oue, en este contexto, la discusión de autos versa acerca de si resulta contrario a la Constitución que se niegue el recurso de casación en la forma al requirente para plantear que la sentencia del juez a quo -confirmada en Alzada- no contiene consideraciones de hecho y de derecho en relación con la prueba rendida y que se omitió la práctica de diligencias probatorias que se estiman por el recurrente como un trámite o diligencia esencial, en relación con los gastos objetados por el Servicio de Impuestos Internos;

DECIMOCUARTO: Que, de este modo, la imposibilidad para el requirente de interponer el medio de impugnación antes descrito para el caso concreto, supondría una contradicción con la garantía constitucional de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, de un justo y racional procedimiento y de una tutela judicial efectiva, al impedir que, por su intermedio, se pueda revisar lo confirmado en Alzada y, de ser acogido, restablecer el imperio del derecho a través de una

revisión del fallo cuestionado;

DECIMOQUINTO: Que, ya en las sentencias mencionadas en el considerando primero, esta Magistratura ha declarado que el inciso segundo del artículo 768 infringe la garantía de igualdad ante la ley procesal, recogida en los números 2* y 39 del artículo 19 constitucional, dado que —discriminatoriamente- niega a unos justiciables, por sólo quedar afectos a procedimientos previstos en leyes especiales, el mismo recurso de interés general del cual disponen todos quienes están sujetos a los que contempla el Código de Procedimiento Civil.

Se dijo, asimismo, que no se advierte claramente una finalidad intrínsecamente legítima en el precepto cuestionado, al impedir que los fallos recaídos en los juicios regidos por leyes especiales puedan ser objeto de casación por las causales anotadas: "Ningún fundamento racional aparece en la citada restricción y no se divisa la razón para privar al litigante de un juicio determinado del mismo derecho que le asiste a cualquier otro en la generalidad de los asuntos (Rol N? 1373, considerando 19%), como tampoco aparece esa justificación en el caso de autos.

Tanto como se consideró que dicha norma quebranta el derecho a un juicio justo y racional, al privar al afectado -por una sentencia que reclama viciada- del instrumento naturalmente llamado a corregir el vicio, amén de no contemplar otra vía de impugnación suficientemente idónea que asegure un debido proceso y la concesión de tutela judicial efectiva (Rol N* 1373, considerandos 13? y 177);

DECIMOSEXTO: Que los justiciables sometidos al Código de Procedimiento Civil, por una parte, frente al requirente, de otra, sujeto a un procedimiento previsto en una ley especial, como es el Código Tributario en este caso, son tratados de manera diversa, por efecto de la aplicación del artículo 768 inciso segundo, sin que se vislumbre una conexión racional lógica para la diferencia así establecida ni un supuesto fin de interés público que pudiera sustentarla. En otras palabras, no se aprecia una justificación razonable para la discriminación que provoca la aplicación del precepto impugnado, deviniendo la misma en arbitraria;

DECIMOSEPTIMO: Oue, así como se ha explicado, la discriminación arbitraria del legislador en atención, especificamente, a las características del asunto controvertido, resulta aún más patente si el foco de análisis se centra en la razón (o la ausencia de ésta) de por qué, habiéndose admitido la procedencia del recurso de casación en un caso, se restringen las causales cuya carencia se reprocha en otro. Por mucho que se alegue la existencia, en materias procedimentales, de un amplio margen de acción abierto al legislador, no alcanza para dotarlo de inmunidad frente a la Constitución, desde que -para sostener la diferenciación descrita- ni siquiera es posible enarbolar una justificación (aún débil) para la misma;

DECIMOOCTAVO: Que, así las cosas, aplicar la excepción del inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en la gestión pendiente no se condice con el imperativo que le asiste al legislador, por mandato de la Constitución (artículo 19, N* 39), de allanar el acceso a un recurso útil, o sea, idóneo y eficaz, en las circunstancias anotadas, motivo por el cual se acogerá el presente requerimiento. Teniendo además en cuenta el criterio sostenido en diversas ocasiones por este Tribunal, en orden a que los preceptos de excepción contenidos

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en una ley, en cuanto sustraen de cierta normativa general a personas o situaciones determinadas, produciéndoles menoscabo y sin fundamento o justificación, importa incurrir en diferencias arbitrarias y son, por ende, contrarias a la Constitución (artículo 19, N* 2*, inciso segundo), como en este caso ocurre (STC Rol 2529, C. decimosegundo);

DECIMONOVENO: Que, por último, conviene prevenir que, al pronunciarse favorablemente al requerimiento, los Ministros que suscriben no están creando un recurso inexistente, puesto que -en lógica- al eliminarse una excepción sólo retoma vigencia la regla general, cual es que la casación se abre para la totalidad de las causales en que está llamada a regir, sin exclusión, según la preceptiva vigente. Tampoco implica desconocer el carácter extraordinario que reviste la casación, dado que se limita a entender que no se justifica excluirla respecto de las mismas sentencias y por iguales motivos a aquellos que permiten su interposición según la normativa imperante (STC Rol 2529, c. 139, dejando al juez del fondo en situación de decidir, con plena competencia, acerca de si se ha producido o no la infracción denunciada por el recurrente de casación en el caso concreto;

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N* 62, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N? 17.997, Orgánica Constitucional * del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

IB QUE, ACOGE EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS 1, POR LO QUE SE DECLARA LA INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD — DEL ARTÍCULO 768, INCISO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EN LA GESTIÓN PENDIENTE QUE SE SUSTANCIA EN LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO BAJO EL ROL N* 257-2017, EN ACTUALES RECURSOS DE CASACIÓN EN LA FORMA Y EN EL FONDO INTERPUESTOS PARA ANTE LA CORTE SUPREMA. OFÍCIESE A AMBOS TRIBUNALES.

Iñ ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFICIÉSE A TAL EFECTO,

11 DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Gonzalo García Pino y Domingo Hernández Emparanza, y señora María Pía Silva Gallinato, quienes estuvieron por rechazar la impugnación de autos, en virtud de las siguientes argumentaciones:

12. El requirente en estos autos impugna la aplicación del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, que señala “En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766 sólo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1%, 2%, 3%, 4%, 6%, 7% y 8? de este artículo y también en el número 5? cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido”. Lo anterior, en los autos sobre recursos de casación en la forma y en el fondo para ante la Corte Suprema, que sustancia la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol Tributario y Aduanero N* 257-2017.

2%. Para efectos del razonamiento que seguirá, es importante destacar que la gestión pendiente se originó en una reclamación tributaria en contra de una liguidación efectuada por el Servicio de Impuestos Internos, en relación con el impuesto de primera categoría correspondiente al año tributario 2012. La referida liquidación fue reclamada ante el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, cuya sentencia —que rechazó integramente la reclamación- fue apelada ante la Corte de Apelaciones de esta ciudad. A juicio del requirente, el tribunal de alzada valida la "negativa sistemática del 4% TTA para efectuar diligencias probatorias esenciales, solicitadas por la parte reclamante en atención al volumen, cantidad, complejidad y confidencialidad de las operaciones cuestionadas por el Sll, a las cuales omite referirse dicho fallo” (fs. 5). En contra de esta última sentencia, el requirente dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo, fundando el primero en las causales de los numerales 5? y 9? del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

3*. Así, y tal como se ha consignado en la parte expositiva de esta sentencia, el requirente estima que la aplicación del inciso impugnado del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en la gestión que pende ante la Corte de Apelaciones de Santiago, infringiría el artículo 19 N* 2% de la Constitución, que asegura la igualdad ante la ley; el numeral 39, inciso primero, del mismo artículo 19 constitucional, que garantiza la igual protección en el ejercicio de los derechos; el articulo 19 N* 3*, inciso sexto, de la Carta Fundamental, que consagra el principio del debido proceso legal; el artículo 5%, inciso segundo, de la Constitución, que establece el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana asegurados en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en relación con los artículos 8.1, 8.2 letra h) y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y, finalmente, el artículo 19 N* 26% constitucional, en la medida que la aplicación del precepto legal reprochado afectaría el derecho al debido proceso en

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su esencia, en relación con en el artículo 19 N* 3, inciso sexto, de la Constitución, en relación con el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

4%. Antes de abordar cada una de las alegaciones planteadas por el requirente es necesario reiterar la posición que los Ministros que suscriben este voto han sustentado reiteradamente en relación con la motivación de las sentencias. Ello, en la medida que la improcedencia del recurso de casación en la forma, por aplicación del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, en aquellos casos en que no se incluyen en la sentencia recurrida las consideraciones de hecho y de derecho en que se funda, constituye la médula de la impugnación que se ha formulado.

Motivación de las sentencias

5%. Un aspecto que no ha suscitado debate y sobre el cual la jurisprudencia de este Tribunal es uniforme se refiere a que nuestra Constitución no consigna expresamente el deber de los jueces de fundamentar sus sentencias. Con todo, ese principio puede ser inferido de la aplicación conjunta y sistemática de diversos preceptos constitucionales como los contenidos en los artículos 69, 7%, 8%, 19 N? 39, inciso sexto, y 76. Estos preceptos constitucionales son, a su vez, desarrollados por nuestra legislación procesal en los más variados ámbitos (STC Rol N* 1373, cc. 8? y 9? y voto disidente de los Ministros Peña, Fernández y Carmona, c. 5%). Uno de ellos es, precisamente, la exigencia contenida en el artículo 170 N* 4* del Código de Procedimiento Civil, norma que no ha sido impugnada en estos autos.

6*. Tampoco se encuentra controvertida la afirmación según la cual “la motivación de la sentencia es connatural a la jurisdicción y fundamento indispensable para su ejercicio. Constituye, a la vez que un deber del juzgador, un derecho para el justiciable. Es inherente al derecho a la acción y, por ende, a la concreción de la tutela judicial efectiva; elementos propios de un procedimiento racional y justo (...).” (STC Rol N? 1373, €. 159).

7%. Por lo tanto, no está en discusión que las sentencias deben motivarse como una forma de evitar la arbitrariedad judicial permitiendo el control de sus contenidos a través de los recursos que franquea la ley.

Sin embargo, y como sostuvo el voto disidente recaído en la sentencia Rol N* 2034, "es necesario, por una parte, distinguir el deber de fundamentación de las sentencias, de la garantía de poder solicitar la revisión de éstas por un tribunal superior. La fundamentación de las sentencias no exige que proceda un recurso determinado y se reconoce a nivel legal en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que -reiteramos- no ha sido impugnado en estos autos. Por otra parte, es necesario distinguir el derecho a la impugnación de las sentencias (“derecho al recurso”), que integra la garantía del debido proceso, de un supuesto derecho a un recurso en concreto (...).” (Considerando 129).

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0 sub Derecho al recurso y debido proceso legal

89. Este Tribunal, luego de recordar los antecedentes más remotos del derecho al debido proceso legal, ha sostenido que "ni en la dogmática jurídica ni en los textos positivos -nacionales, internacionales y comparados- existe un elenco taxativo de los componentes formalmente definidos como requisitos del debido proceso, aplicables a todo posible contencioso judicial, cualquiera sea su naturaleza, como numerus clausus. Más bien, se ha tendido a exigir elementos mínimos, con variaciones en ciertos componentes según la naturaleza específica del proceso de que se trate.” (STC Rol N* 2723, C. 79).

Con todo, ha precisado que “El derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la CPR asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores." (STC roles N%s 478, C. 14%; 576, CC. 41? a 43% 1307, Cc. 20% a 22%, 2111, C. 22; 2133, C. 17? y 2657, c. 117, entre otras). (Énfasis agregado).

9”. Asimismo, ha puntualizado que el reconocimiento del "derecho al recurso” como requisito del debido proceso, admite una serie de matices y precisiones. Así, de los antecedentes de la historia fidedigna de la Constitución vigente se hizo ver que, “como regla general”, se reconoce la facultad para interponer recursos, lo que de suyo implica la evidente constitucionalidad de algunas hipótesis de excepción en que tales recursos no van a ser admisibles o, simplemente, no existirán (STC Rol N? 2723, c. 109).

En tal sentido, la ausencia de recursos puede ser constitucionalmente compensada por la jerarquía, integración, composición e inmediación del tribunal que conoce del asunto. Incluso más, cuando se reconoce legalmente el derecho al recurso, en el contexto señalado, menos existirá una exigencia constitucional respecto al tipo de recurso (STC Rol N* 2723, c. 119).

10%. Por lo mismo, “la exigencia constitucional del derecho al recurso como componente del debido proceso, depende de múltiples circunstancias sistémicas y de contexto procesal, o incluso concretas, y no configura un requisito de validez del juicio per se.” (STC Rol N* 2723, c. 119).

Es por ello que, como también se ha expresado, “la garantía explicita del derecho al recurso sólo se asegura internacionalmente, en materia penal, para el inculpado. Respecto de la materia civil o de cualquier otro carácter, sólo rige el estatuto general de ser juzgado por un tribunal idóneo "con las debidas garantías”, de manera que la ausencia o falta de existencia o de acceso a un recurso existente puede ser compensada con la presencia o fortalecimiento de otras garantías. En suma, es un

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asunto que se remite a la competencia del legislador nacional.” (STC Rol N* 2723, c. 139).

Asi, no habrá inconstitucionalidad “cuando el diseño legal procesal contemple otros medios para corregir el vicio en el procedimiento o si existe una razón objetiva para restringir o suprimir legalmente el acceso a la casación formal en un procedimiento especial (...). Últimamente se ha insistido en este predicamento en los roles 2677-14 y 2529-13, de este Tribunal Constitucional.” (STC Rol N* 2723, c. 289),

Por su parte, se ha puntualizado que “Establecida la posibilidad de revisión, el legislador es libre para determinar el modo y los procedimientos para lograrla.” Expresado en otros términos, "el legislador tiene discrecionalidad [que no es lo mismo que arbitrariedad] para establecer procedimientos en única o doble instancia en relación a la naturaleza del conflicto.” (STC Rol N* 2034, considerando 12? del voto disidente).

11%. Por las razones explicadas, cabe reiterar que el reconocimiento del derecho al recurso, como componente del debido proceso legal, no significa que se consagre el derecho a recursos específicos como podría ser el recurso de casación en la forma (STC roles N%s 576, cc. 43? Y 44% 1432, CC. 12% Y 14% 1443, CC. 13? y 17%; 1876, C. 24; 1907, C. 51% 2323, CC. 23" y 25% 2354, CC. 23? y 25* y 2452, €. 16%). Con mayor razón, cuando se trata de un recurso de derecho estricto que procede sólo en virtud de norma expresa y por las causales que expresamente señala la ley (articulo 764 del Código de Procedimiento Civil) y ya se trate de infracciones formales (artículo 768 del mismo Código) o de vicios de fondo cuando una sentencia se ha pronunciado con infracción de ley habiendo influido ésta substancialmente en lo dispositivo del fallo (artículo 767 del mismo Código).

Lo importante es que los justiciables gocen de garantías efectivas de un procedimiento racional y justo que asegure que no quedarán en una situación de indefensión frente a una eventual arbitrariedad en que incurra el juzgador.

12%. En la situación que se analiza, el requirente goza de recursos para impugnar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que no comparte, aún cuando no pueda deducir el recurso de casación en la forma contra la sentencia de segunda instancia para que se pondere toda la prueba y se fundamente la forma en que se falla el asunto litigioso como pretende.

13". En realidad, no es que en materia de reclamos tributarios la procedencia del recurso de casación esté vedada. Por el contrario, el artículo 122 del Código Tributario -que debe complementarse con el artículo 145 del mismo cuerpo legal- prescribe que: “Corresponde a la Corte Suprema el conocimiento de los recursos de casación en la forma y en el fondo que se deduzcan contra las sentencias de segunda instancia dictadas por las Cortes de Apelaciones, en los casos en que ellos sean procedentes de conformidad al Código de Procedimiento Civil y a las disposiciones del presente Código.”

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Pero, en este caso, la procedencia del recurso de casación en la forma supone aplicar las reglas generales del Código de Procedimiento Civil que limitan la revisión de los requisitos de la sentencia sólo al caso en que ella haya omitido la decisión del asunto controvertido. Así, no permite impugnar la falta de consideración de los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten como interesaría al requirente.

14". La limitación que el legislador ha impuesto a la procedencia del recurso de casación en la forma en los reclamos tributarios tiene su razón de ser en la particular naturaleza de estos. Al respecto, en sentencia Rol N* 2723, esta Magistratura explicó que “con independencia de que evidentemente tal acto administrativo (la liquidación que practica el Servicio de Impuestos Internos) tiene un marco regulatorio y debe basarse en determinados fundamentos legales, en sí mismo descriptivamente no es mucho más que un cálculo aritmético de resta, es decir, la diferencia entre lo declarado y lo que se debe declarar y, por cierto, pagar finalmente al Fisco. Como tal, entonces, no requiere mayor fundamentación: se trata de una operación matemática. Por ende, su contenido es esencialmente cuantitativo y no requiere mayor despliegue conceptual formal, sin perjuicio de su revisión de fondo.” (Considerando 322).

15%, Asimismo, el contexto en que el ordenamiento jurídico ha previsto el recurso de casación en la forma en los juicios especiales derivados del procedimiento de reclamaciones tributarias (artículos 123 y siguientes del Código Tributario, además de las Disposiciones Comunes de éste) "se configura hoy a partir del ejercicio de la potestad tributaria del Estado, con las especificidades propias de ella, mediante una pretensión estatal evidenciada en un acto administrativo en el sentido de determinar el impuesto, de una manera discrepante a como lo calculó inicialmente el contribuyente en su declaración, determinando diferencias de impuestos «a consecuencia de un proceso de revisión. Tal proceso de revisión parte desde la declaración del contribuyente (artículo 29 del Código Tributario), continúa con la fiscalización, examen o auditoría (artículos 59, 60 y siguientes del Código Tributario), prosigue con la citación (artículo 63), para culminar eventualmente con una liquidación, acto administrativo que es reclamable conforme al artículo 124 del Código Tributario.” (STC Rol N* 2723, considerando 319).

16“. En consecuencia, no puede sostenerse que, en la especie, el hecho de que el ordenamiento jurídico no permita al requirente interponer el recurso de casación en la forma por falta de motivación de la sentencia lo coloque, necesariamente, en una situación de indefensión.

En primer término, porque se ha desarrollado todo un procedimiento administrativo tributario tendiente a solucionar la discrepancia surgida con el Servicio de Impuestos Internos que ha decantado en la liquidación impugnada.

En segundo lugar, porque, atendida la particular naturaleza de los procedimientos tributarios, el Código del ramo permite interponer tanto los recursos de casación en la forma como en el fondo contra los fallos de segunda

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instancia y este último se concede en plenitud de forma tal que “cubre todos los aspectos revisables de una liquidación tributaria, atendida su naturaleza jurídica y contenido esencialmente cuantitativo.” (STC Rol N* 2723, considerando 34.9).

17%.Por las razones expresadas precedentemente, los Ministros que suscriben este voto no consideran que se infrinja el debido proceso legal asegurado en el artículo 19 N? 3*, inciso sexto, de la Constitución como tampoco su artículo 5*, inciso segundo, en relación con las normas invocadas de la Convención Americana de Derechos Humanos.

18%. Por otra parte, no resulta sostenible afirmar que al eliminarse una excepción (la improcedencia de la casación en la forma por falta de motivación en la sentencia) sólo retoma vigencia la regla general (la procedencia de la casación en la forma respecto de todas las causales contempladas en el inciso primero del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil), conclusión a la que podría arribarse en caso de que este Tribunal dictase una sentencia acogiendo la acción deducida en estos autos.

A juicio de estos Ministros disidentes, tal razonamiento llevaría a crear un recurso allí donde el legislador no lo ha previsto en circunstancias que el rol del Tribunal Constitucional es, esencialmente, el de un "legislador negativo” con la sola excepción de las sentencias exhortativas que respetan la libertad del legislador en la creación de las leyes.

En otras palabras, el Tribunal Constitucional no está llamado a suplir lo que el legislador no ha hecho sino que sólo a anular o dejar sin efecto el producto de la obra legislativa que resulte contraria a la Constitución en su aplicación a un caso

concreto cuando resuelve una acción de inaplicabilidad.

Este entendimiento, que resulta esencial y perfectamente acorde al principio de deferencia a la obra legislativa, es un resorte fundamental para el debido funcionamiento de la relojería propia del Estado de Derecho y, en particular, para el respeto a la competencia propia de cada órgano del Estado, como lo exige el

_artículo 7”, inciso segundo, de la Carta Fundamental.

En consecuencia, si se sostuviera que, al no poder aplicar el juez de fondo la excepción contenida en el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en lo que dice relación con la limitación al recurso de casación en la forma en los juicios regidos por leyes especiales, obliga a retomar la vigencia de la regla general, se reemplaza la voluntad del legislador que -razonablemente- ha distinguido entre juicios ordinarios y especiales, transformando al Tribunal Constitucional en legislador positivo y en intérprete de la ley. Lo anterior, pese a la disposición expresa del artículo 3? del Código Civil según la cual “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio.” (Inciso primero).

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Igualdad ante la ley

19. Como se ha señalado en la parte expositiva, el requirente funda asimismo su solicitud de inaplicabilidad del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil en que las personas, en el marco de los procedimientos ordinarios, pueden recurrir al tribunal superior para obtener la invalidación de una sentencia infundada, pero, por aplicación de la norma legal cuestionada, no pueden hacerlo quienes están sometidos a un juicio regido por leyes especiales, quienes se ven privados de su derecho a obtener la anulación de una sentencia carente de motivación. Considera que esta diferencia es arbitraria y carente de justificación razonable y que trae como consecuencia dejar en indefensión a la requirente.

Para efectos de determinar si existe una vulneración al derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N* 2? de la Constitución Política, resulta necesario determinar si el planteamiento formulado por el requirente importa aceptar que estamos frente a una discriminación arbitraria o carente de razonabilidad.

20*. Ese escrutinio supone, en primer término, determinar cuál es el universo de aquellos que deben ser tratados como iguales y, en este sentido, sólo cabe desechar la argumentación planteada por el actor, pues el trato igual debe darse entre aquellos que se encuentran regidos por leyes especiales en cuanto a la tramitación de un procedimiento y no entre estos Últimos y los afectos a los procedimientos ordinarios.

21%. Efectivamente, dentro de la libertad de que goza el legislador para configurar los procedimientos -siempre que respete las exigencias de racionalidad y justicia- puede dar un trato diverso a situaciones que, objetivamente, son disimiles, esto es, que por su propia naturaleza o por el tipo de interés comprometido, exijan una tramitación más rápida y eficaz.

En este contexto, lo que resultaría irrazonable sería que, dentro del universo de aquellos que están afectos a procedimientos especiales e, incluso, al mismo procedimiento especial se produjeran diferencias injustificadas.

22%. En este caso, y como ya se explicó, el Código Tributario permite recurrir de casación en contra de las sentencias de segundo grado constituyendo el recurso de casación en el fondo una vía amplia de impugnación que cubre todos los aspectos revisables de una liquidación tributaria, como la que plantea el requirente, atendida su naturaleza jurídica y contenido esencialmente cuantitativo.

En la especie, si se lee atentamente el recurso de casación en el fondo deducido (fojas 84 y siguientes), podrá observarse que éste se dirige a reparar los mismos errores que el requirente advierte en la sentencia de segunda instancia y que motivan el recurso de casación en la forma.

Prueba de lo anterior la constituyen las siguientes afirmaciones:

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. “[EJl sentenciador, en el proceso de valoración de la prueba desatendió las razones lógicas, técnicas y de experiencia en cuya virtud correspondía asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, ello

de forma tal, que en la especie no existió una valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica según exige la norma.” (fs. 95).

. "[Lja sana crítica exige que los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y consecuencialmente quienes revisan el mérito de sus decisiones

en segunda instancia, deban expresar cuáles son las razones jurídicas, lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las cuales se les asigna o no valor a las probanzas rendidas en juicio.” (fs. 97).

. “De la sentencia recurrida se concluye con facilidad que estas normas de fondo no fueron aplicadas para resolver correctamente lo disputado, por cuanto simplemente no existe referencia a ellas en lo dispositivo del fallo, limitándose el mismo sólo a señalar las razones por las cuales estimó improcedente conocer y valorar la prueba aportada en segunda instancia, sin efectuar un análisis de la correcta aplicación de las normas tributarias de fondo atingente al caso.” (fs. 109).

23”. Además debe considerarse que existe una razón objetiva, con respaldo constitucional (la potestad tributaria del Estado), que avala el hecho de que el legislador haya dado un tratamiento diferente a las reclamaciones de esta naturaleza, estableciendo un procedimiento especial que asegure la satisfacción de los intereses generales que rodean este tipo de controversias.

Como lo anterior no puede significar desconocer los derechos de los justiciables, se adoptaron los debidos resguardos para evitar la arbitrariedad en el juzgamiento confiando a la Corte de Apelaciones respectiva la posibilidad de revisar lo decidido por el juez tributario. Y aún se puede deducir recurso de casación en el fondo y en la forma contra dicha sentencia, aunque de manera limitada en conformidad a lo que señala el artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, pues se trata de un procedimiento concentrado.

24". Por lo demás, la igualdad ante la ley no sólo se traduce en la interdicción de la arbitrariedad (artículo 19 N* 29, inciso segundo, de la Constitución) sino que asegura también la generalidad y abstracción características de este tipo de normas (artículo 19 N* 22, inciso primero, de la Constitución). Así, “la importancia de la generalidad de una norma en materia procesal radica en el hecho de que se aplica a ambas partes del juicio, quienes se encuentran en la misma situación para interponer las impugnaciones, asegurándose de ese modo un principio primordial del procedimiento civil: la bilateralidad de la audiencia”. (STC Rol N* 2034, considerando 14* del voto disidente).

De esta forma, no puede concluirse que existe infracción a la igualdad ante la ley si tanto el contribuyente como el Servicio de Impuestos Internos se encuentran privados de recurrir de casación en la forma por falta de motivación de la sentencia.

19 25%. Por los razonamientos expuestos, quienes suscriben este voto no divisan fundamentos suficientes para estimar que la aplicación del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil a la gestión que pende ante la Corte Suprema, importe una vulneración al derecho a la igualdad ante la ley asegurado en el numeral 2? del artículo 19 constitucional. En el mismo sentido, y por los mismos fundamentos, se descartará una infracción a la igualdad en el ejercicio de los derechos amparada por el inciso primero del artículo 19 N? 3? de la Ley Suprema.

Protección a la esencia de los derechos

26". Por las mismas razones que se han desarrollado en los considerandos anteriores, estos Ministros disidentes no suscriben que la aplicación del precepto legal impugnado produzca una vulneración del “derecho a la seguridad jurídica” o protección a la esencia de los derechos asegurado en el artículo 19 N* 26* de la Carta Fundamental.

PREVENCIÓN

La Ministra señora María Pía Silva Gallinato concurre al rechazo del requerimiento teniendo en consideración únicamente los argumentos que siguen:

1%. Oue, en numerosas sentencias, esta Magistratura ha sostenido que el reconocimiento al “derecho al recurso” como requisito del debido proceso, admite una serie de matices y precisiones por cuanto la ausencia de recursos puede ser constitucionalmente compensada por la jerarquía, integración, composición e inmediación del tribunal que conoce del asunto. Es así como ha señalado que “la exigencia constitucional del derecho al recurso como componente del debido proceso, depende de múltiples circunstancias sistémicas y de contexto procesal, o incluso concretas, y no configura un requisito de validez del juicio per se” y que, en causas civiles o tributarias, como es la que recae en la gestión pendiente de autos, *sólo rige el estatuto general de ser juzgado por un tribunal idóneo "con las debidas garantías”, de manera que la ausencia o falta de existencia o de acceso a un recurso existente puede ser compensada con la presencia o fortalecimiento de otras garantías. En suma, es un asunto que se remite a la competencia del legislador nacional.” (STC Rol N* 2723, considerandos 11? y 139).

2%, Oue, para ajustarse a las exigencias constitucionales, el legislador debe asegurar que quienes sometidos a juicio gocen de garantías efectivas de un procedimiento racional y justo a fin de que no se encuentren en una situación de indefensión frente a una eventual arbitrariedad en que pueda incurrir el juez.

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3?. Que, por lo anterior, la carencia de un medio de impugnación puede suponer una contradicción con la garantía constitucional de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, de un justo y racional procedimiento y de una tutela judicial efectiva si se impide que, por su intermedio, se pueda revisar el fallo cuestionado y no exista ninguna otra forma de corregir vicios de procedimiento de tal envergadura que sean connaturales a la jurisdicción esencial y afecten el fundamento mismo de su ejercicio (STC Rol 2798, c. 32%), como ocurre, por ejemplo, cuando hay ausencia de motivación de la sentencia o durante el proceso se impide la aportación de las pruebas existiendo hechos sustanciales y controvertidos.

4”. Ouve dentro del procedimiento seguido ante el Tribunal Tributario y Aduanero en la causa que motiva este requerimiento fueron rechazadas las diligencias probatorias solicitadas y los recursos de reposición que interpuso el contribuyente en contra de tales resoluciones. Por otra parte, en su sentencia, el juez a quo examinó la prueba aportada al proceso conforme a las reglas de la sana crítica, rechazó la solicitud de inadmisibilidad de los antecedentes aportados por el reclamante que fuera solicitada por el Servicio de Impuestos Internos y falló rechazando el reclamo. Los eventuales vicios de la sentencia relacionados con la denegación de la práctica de diligencias probatorias para acreditar plenamente las partidas objetadas por el Servicio de impuestos Internos y la falta de valoración de la prueba allegada al juicio por el sentenciador alegados por el requirente fueron examinados luego por la Corte de Apelaciones (actual art. 140 del Código Tributario), la cual confirmó la sentencia apelada.

5%. Que, como puede observarse, los vicios de que, según el requirente, adolecía la sentencia de primera instancia fueron revisadas por la Corte, la cual desechó las alegaciones del apelante por la insuficiencia de prueba o por falta de su debida valoración. Por lo tanto, teniendo en cuenta las circunstancias de hecho del caso concreto, el requirente tuvo la posibilidad de defenderse y plantear sus objeciones ante el tribunal ad quem, por lo que no se vislumbra una vulneración sus derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa.

Redactó la sentencia el Ministro señor Miguel Ángel Fernández González; la disidencia, el Ministro señor Gonzalo García Pino; y la prevención, la Ministra señora María Pía Silva Gallinato.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

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Rol N* 4398-18-INA

Sr. Aróstica

Sr. Hernández

Sr. Letelier

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, y por sus Ministros señores Gonzalo García Pino y Domingo Hernández Emparanza, señora María Luisa Brahm Barril, señores Cristián Letelier Aguilar y José Ignacio Vásquez Márquez, señora María Pía Silva Gallinato y señor Miguel Ángel Fernández González.

Autoriza la Secretaria (s) del Tribunal Constitucional, señora Mónica Sánchez Abarca.

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